01/04/2026.-
La Comisión de Constitución del Congreso dio luz verde a un dictamen que plantea imponer fuertes sanciones económicas a universidades públicas y privadas que se nieguen a funcionar como locales de votación en futuros procesos electorales. La propuesta contempla multas de hasta 100 UIT, es decir, alrededor de S/550.000, en caso de incumplimiento.
El proyecto busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones con el objetivo de garantizar una mayor disponibilidad de espacios para el sufragio. En esa línea, establece que universidades, institutos y colegios —sin distinción entre gestión pública o privada— deben ser priorizados como sedes electorales, incluso antes que otros recintos.
El sustento de la iniciativa se apoya en experiencias internacionales. Según el documento, países como Argentina, Bolivia, México y Costa Rica utilizan de manera preferente centros educativos y edificios estatales para instalar mesas de votación, debido a su capacidad, infraestructura y accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad o movilidad reducida.
La medida fue aprobada con 13 votos a favor dentro del grupo de trabajo, mientras que dos congresistas optaron por abstenerse, evidenciando que, aunque existe respaldo mayoritario, no hay consenso absoluto sobre la propuesta.
Desde una mirada crítica, la iniciativa abre un debate relevante sobre los límites de la intervención del Estado en instituciones privadas. Si bien el objetivo de asegurar locales de votación responde a una necesidad logística del sistema electoral, la imposición de sanciones tan elevadas podría interpretarse como una medida coercitiva que no considera plenamente la autonomía universitaria. Además, no se detalla con claridad si el Estado garantizará condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento o compensación por el uso de estas instalaciones.
En ese contexto, la propuesta plantea una solución práctica a un problema recurrente en cada elección, pero lo hace a través de un enfoque punitivo que podría generar tensiones con el sector educativo, en lugar de promover acuerdos o incentivos que aseguren una colaboración más equilibrada.