15 NOVIEMBRE 2025.-
El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, emitió una nueva disposición a través del Departamento de Estado en la que ordena a todas sus embajadas considerar la salud de los solicitantes antes de otorgar visas de inmigrante. Esta medida permitirá negar el visado a ciudadanos extranjeros que padezcan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, obesidad, afecciones cardíacas, problemas respiratorios, trastornos metabólicos, neurológicos e incluso de salud mental.
De acuerdo con información difundida por el Washington Post, la instrucción fue enviada el 6 de noviembre mediante un cable interno firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El documento advierte que ciertos diagnósticos pueden requerir tratamientos médicos de alto costo, lo que, según la administración estadounidense, podría representar una carga para el sistema de salud del país.
Fuentes diplomáticas citadas por ese medio aseguran que la orden no siguió los procedimientos regulares de revisión interna, que usualmente incluyen la opinión técnica del personal de carrera. Sin embargo, se conoce que la Embajada de EE. UU. en Perú ya recibió estas directrices y está aplicando los cambios.
Desde el Departamento de Estado, el portavoz Tommy Pigott defendió la medida al señalar que la administración Trump busca priorizar los intereses de los ciudadanos estadounidenses y evitar que el sistema migratorio genere costos adicionales para los contribuyentes.
Este cambio se suma a otras reformas recientes, como la nueva tarifa integrada para visas de no inmigrante, que fijó el costo total en US$442 desde el 1 de octubre, aprobada como parte de la One Big Beautiful Bill Act, una iniciativa que busca —según el gobierno— modernizar el sistema migratorio.
La nueva directiva abre un debate profundo sobre discriminación en procesos migratorios basados en el estado de salud. Aunque EE. UU. argumenta razones económicas y de sostenibilidad del sistema, la medida podría excluir a miles de solicitantes cuyos tratamientos no necesariamente representarían un costo para dicho país. Además, el hecho de no haber seguido los canales formales de revisión plantea cuestionamientos sobre la transparencia y la intención política detrás de la decisión, especialmente en un contexto donde el discurso antiinmigración vuelve a endurecerse.