15 NOVIEMBRE 2025.-
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste presentó un pedido contundente: cadena perpetua para 25 presuntos integrantes de la organización criminal La Nueva Jauría del Norte, señalada por una serie de delitos violentos que habrían sembrado temor en Ventanilla y Pachacútec.
De acuerdo con la acusación fiscal, el grupo delictivo habría operado con extrema violencia, atacando principalmente a trabajadores de construcción civil, dirigentes vecinales y ciudadanos que se negaban a pagar cupos o a someterse a su presunta red de extorsiones. Varios de ellos fueron asesinados y al menos siete personas resultaron heridas por impactos de bala.
La investigación, dirigida por el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, derivó en 64 solicitudes de cadena perpetua, dirigidas especialmente contra quienes serían los cabecillas: Omar Castañeda y Juan Sulca. Además, para otros siete imputados, la Fiscalía plantea penas que llegan hasta los 35 años de cárcel.
Entre los delitos atribuidos figuran extorsión, sicariato, secuestro agravado, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y usurpación agravada.
Según el Ministerio Público, en Ventanilla los acusados habrían realizado cobros ilegales a empresas y trabajadores, mientras que en Pachacútec habrían controlado parte del mercado local de drogas. Entre las víctimas se encuentran dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales que resistieron las amenazas.
El requerimiento fiscal también solicita el decomiso de S/ 26.420, una miniván y diversos bienes incautados, incluidos celulares, armas y 456 municiones. Asimismo, se plantea una reparación civil superior a los S/ 2.9 millones a favor del Estado y de los afectados.
Este caso evidencia la creciente capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en estructuras laborales y comunitarias, aprovechando la debilidad del control estatal en zonas vulnerables. La magnitud de las penas solicitadas refleja la gravedad del daño causado, pero también interpela al sistema de seguridad: ¿cómo una red de este alcance pudo operar durante tanto tiempo? La respuesta apunta a fallas estructurales en prevención, inteligencia y articulación entre autoridades locales, PNP y Ministerio Público. El reto no solo es judicializar a los responsables, sino asegurar que estas dinámicas criminales no se regeneren en otros territorios.