26/02/26.-
El Poder Judicial ratificó la autorización para levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y de un grupo de congresistas investigados por el caso denominado Los Niños, presunta red de organización criminal y tráfico de influencias que habría operado durante su gestión. La medida representa un avance significativo en una de las investigaciones más delicadas que involucran al exmandatario y a miembros del Parlamento.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista Silvia Monteza contra la orden emitida en abril de 2025 por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Con ello, se confirma que el Ministerio Público podrá acceder a información bancaria correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, etapa central del gobierno de Castillo.
Según la Fiscalía, la revisión de los movimientos financieros permitirá determinar si existieron operaciones irregulares vinculadas a presuntos actos de corrupción. El tribunal sostuvo que la medida es idónea, necesaria y proporcional para el esclarecimiento de los hechos, y precisó que no constituye una sanción, sino un acto de investigación.
La defensa de Monteza alegó vulneración de la inmunidad parlamentaria y falta de autorización del Congreso; sin embargo, la Corte Suprema rechazó esos argumentos y afirmó que la condición de congresista no impide ser investigado.
El caso se remonta a la denuncia constitucional presentada en julio de 2025 contra Castillo y varios legisladores, quienes habrían integrado una red que ofrecía respaldo parlamentario al Ejecutivo a cambio de cuotas de poder y beneficios políticos.
La confirmación del levantamiento del secreto bancario fortalece la capacidad del Ministerio Público para esclarecer posibles responsabilidades en un caso que compromete a altas autoridades. No obstante, también evidencia la profunda crisis de confianza en las instituciones políticas. La investigación deberá desarrollarse con rigor técnico y sin interferencias, garantizando el debido proceso y evitando su instrumentalización política. El acceso a la información financiera es una herramienta clave, pero no determina culpabilidad; será el análisis integral de pruebas el que defina responsabilidades. Este proceso podría sentar precedentes relevantes sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la rendición de cuentas en los más altos niveles del poder.