09/02/26.-
En un contexto marcado por el incremento de asesinatos ligados al sicariato y la extorsión, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, puso en duda las cifras de homicidios difundidas por el Sistema de Información de Defunciones. Desde Ate, el jefe policial calificó estos datos como inexactos y alejados de la realidad, en medio de la creciente preocupación social por la violencia que afecta principalmente a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios.
Arriola rechazó que en 2025 se hayan registrado más de 2,200 homicidios, como señala el Sinadef, y sostuvo que estos números no coinciden con los reportes de la Policía, institución que realiza el primer levantamiento de información sobre muertes violentas. Según explicó, el sistema de defunciones se nutre de datos preliminares que luego deben ser confirmados mediante necropsias y evaluaciones fiscales, lo que puede generar errores en la tipificación de los casos.
Desde la PNP se advierte que esta diferencia metodológica contribuye a una percepción sobredimensionada de la criminalidad. No obstante, estas declaraciones se producen mientras continúan los atentados y asesinatos incluso en zonas bajo estado de emergencia, medidas que no han logrado frenar de manera sostenida la violencia.
La controversia entre la PNP y el Sinadef revela una falla estructural en el sistema de registro de la criminalidad. Más allá de la disputa estadística, el problema central es la persistencia de la violencia y la falta de resultados visibles frente al crimen organizado. La ausencia de cifras unificadas debilita la toma de decisiones y erosiona la confianza ciudadana. Mientras no se articulen criterios claros y una estrategia integral que combine prevención, inteligencia y justicia, el debate seguirá abierto y la inseguridad continuará siendo una amenaza cotidiana para la población.