09/02/26.-
El penal de Barbadillo, recinto destinado a la reclusión de expresidentes de la República, vuelve a situarse en el centro de la controversia pública. Un informe periodístico del diario El Comercio reveló que durante una requisa reciente se detectaron electrodomésticos y equipos electrónicos de uso personal en los ambientes ocupados por Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, reabriendo el debate sobre posibles privilegios penitenciarios y el principio de igualdad ante la ley.
La inspección fue ejecutada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y arrojó resultados que contradicen reportes previos, en los cuales se aseguraba que no se habían encontrado objetos prohibidos. El caso más llamativo se registró en el espacio asignado a Pedro Castillo, donde se hallaron un televisor, una refrigeradora, una radio y una máquina de ejercicios. Durante la diligencia, el exmandatario habría consultado si la revisión ya se había realizado en el ambiente de Martín Vizcarra, recibiendo como respuesta que el operativo se desarrollaba de manera simultánea.
En el área de Vizcarra se encontraron una radio y una refrigeradora, mientras que en el espacio de Ollanta Humala se detectó un microondas. Estos hallazgos contrastan con los informes oficiales remitidos anteriormente a la dirección del penal, encabezada por Héctor Sandoval, en los que no se reportaban artículos restringidos.
La normativa del INPE establece que equipos electrónicos solo pueden ingresar con autorización expresa del Consejo Técnico Penitenciario y que su uso debe ser colectivo, no individual. Sin embargo, en Barbadillo, los aparatos hallados eran de uso personal, motivo por el cual se ha solicitado la documentación que sustente su autorización y determine si su ingreso se ajustó al reglamento.
El reportaje también pone en evidencia que este tipo de facilidades no forma parte de la realidad cotidiana de la mayoría de la población penitenciaria, lo que refuerza las críticas sobre un trato diferenciado hacia exjefes de Estado recluidos en este establecimiento. A ello se suma un hallazgo adicional: las cámaras de seguridad no se encontraban operativas al momento de la requisa, lo que supone una grave vulneración de los protocolos de control y seguridad.
Tras la difusión de la investigación, el INPE anunció el inicio de una verificación integral para esclarecer si los equipos contaban con autorización formal o si ingresaron de manera irregular. Asimismo, informó que se realizará una auditoría del sistema de control interno para identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El caso Barbadillo expone una problemática estructural del sistema penitenciario peruano: la coexistencia de regímenes diferenciados que, lejos de fortalecer la institucionalidad, alimentan la percepción de desigualdad ante la ley. La presencia de electrodomésticos de uso personal y la inoperatividad de los sistemas de vigilancia no solo cuestionan la transparencia de la gestión penitenciaria, sino que también evidencian fallas de supervisión que no pueden considerarse menores. En un contexto de crisis de confianza en las instituciones, estos episodios refuerzan la idea de que el poder político, incluso después de perder el cargo, sigue marcando diferencias en el cumplimiento de la ley. La respuesta del INPE será clave para determinar si se trata de irregularidades aisladas o de un esquema de tolerancia que ha convertido a Barbadillo en una cárcel con estándares ajenos al resto del sistema penitenciario.