
Escribe:
JULIA SCHABAUER
11 de enero 2025
Estando a poco más de la mitad del tiempo establecido para el estado de emergencia en todo el Callao, los chalacos nos preguntamos, ¿ Cuál es el balance real respecto a esta medida en cuanto a la disminución de la criminalidad ?
Lamentablemente, la respuesta no es muy esperanzadora. Apenas en las dos primeras semanas del presente mes, los asesinatos llegaban a la preocupante cifra de veintidós casos de muertes por encargo a cambio de un pago, mayormente por ajustes de cuentas entre bandos rivales o por ejercer hegemonía en un determinado sector o actividad delictiva. El Callao casi duplica la tasa de homicidios de Lima y registra la segunda tasa de homicidios a nivel nacional con 13.5 casos por cada 100,000 habitantes.
Si analizamos la información ofrecida por la División de Inteligencia de la PNP en su último reporte respecto a los casos de extorsión y sicariato, veremos que el estado de emergencia no ha tenido los resultados que se esperaban. En Lima y Callao del 1 al 9 de enero hubieron 49 asesinatos. De ellos, 30 fueron por sicariato, mayormente por ajustes de cuentas. En el 90 % de los casos, con arma de fuego y con uso de moto lineal, 30 %. Cabe destacar que en 47 de los 49 asesinatos, se trató de hombres. Asimismo, se denunciaron 390 casos de extorsión. Lo que llama la atención en este tema, es que en la mayoría de los casos se trata de trabajadores independientes, comerciantes, profesionales, amas de casa y transportistas (en la misma proporción) y estudiantes, en ese orden.
Lo preocupante en el caso del Callao, es que la mayor parte de los sicarios son jóvenes entre los 18 y 30 años, incluso, muchos menores de edad. La policía señala que la mayor parte de ellos proceden de hogares disfuncionales, pobres y/o con problemas de alcohol y drogas. La situación es tan grave que existen familias completas de delincuentes. El general Peralta, ex jefe policial de la región Callao, señala que existe en las zonas más deprimidas del Callao una «cultura delictiva» que inicia en la adolescencia. No sorprende entonces que el Callao tenga los más altos porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados «ninis». Como vemos, hay una problemática socio-económica detrás de la criminalidad que constituye el caldo de cultivo y que ninguna autoridad regional, provincial o distrital la ha asumido como una tarea de urgencia; los resultados los estamos viendo.
Penosamente, mientras esto acontece en el Callao, una vez más el gobernador regional y el alcalde provincial se enfrascan en enfrentamientos inútiles que no conducen a nada Se trata más bien, de bravatas para demostrar públicamente, quién tiene mayor poder o en todo caso, de quién es la responsabilidad que las políticas en seguridad ciudadana no marchen nada bien. Lamentablemente, quienes pierden en estas confrontaciones son los chalacos que se sienten cada día más desprotegidos.
Ante esta sensación de indefensión, a los ciudadanos no les queda otra cosa más que quejarse de la ineficiencia de sus autoridades, tanto del gobernador como del alcalde provincial y distritales. Sólo La Punta se mantiene como el distrito más seguro, del país diría yo. Sin embargo en el tema de las competencias es necesario hacer algunas precisiones.
La institución encargada de la seguridad ciudadana, es la Policía Nacional del Perú quien debe desarrollar un trabajo articulado con la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y los gobiernos locales (asunto que por cierto, no se da). El gobierno regional no tiene competencia en este aspecto, como se puede observar en su ley orgánica. Los que sí tienen una tarea de «colaboración» con la PNP en el tema de la seguridad ciudadana, son las municipalidades, y digo colaboración, porque el servicio de serenazgo tiene una función de vigilancia y prevención de posibles delitos. Los serenos pueden intervenir cuando se trata de «faltas» pero ellos no están habilitados legalmente ni capacitados, en cuanto a preparación, para enfrentar la criminalidad.
Ahora, lo que sí puede hacer el gobernador regional, es brindar apoyo logístico a la PNP y, por otro lado, trabajar a fondo en proyectos a mediano y largo plazo: educativos, de desarrollo económico y de salud integral para justamente luchar contra las causalidades de tanta delincuencia como lo señalo líneas arriba. Urge trabajar en las familias, elevar el nivel educativo y promover inversiones que ofrezcan oportunidades laborales a todos, especialmente a los jóvenes. Hay que darles formación académica de calidad que les abra buenas oportunidades. Las funciones del gobierno regional no se limitan a salud y educación como muchos piensan.
Respecto a este último punto, los gobiernos locales deben unir esfuerzos sin mezquindades, con el gobierno regional en un gran proyecto de desarrollo económico-social para el Callao bajo la batuta de este último porque así lo manda la ley. Los gobiernos regionales se alinean con las políticas públicas del gobierno nacional, los provinciales con el gobierno regional y los distritales con las políticas de la provincial. Esa es la jerarquía que por cierto, no debe tomarse como mayor poder o importancia (como algunas autoridades creen) sino como un asunto de ordenamiento de las políticas públicas del país.
Esperemos entonces que nuestras autoridades tomen conciencia de sus verdaderas obligaciones y dejen de lado sus intereses políticos ahora que ingresamos a un año preelectoral y se dediquen a trabajar profesionalmente por el Callao. Ello, sin dejar de lado que es imprescindible dotar a la PNP de mayor número de personal, mejor logística, mayor presupuesto, hacer los reajustes legales que le permitan una mejor actuación y empoderar a su Dirección de Inteligencia.