08 MARZO 2025.- A punto de cumplirse un año de la intoxicación de 23 escolares en un colegio de Cabana, Puno, tras ingerir un desayuno elaborado con productos del programa de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna), la fiscal Beatriz Cahuari Durand ha concluido que no ha identificado a los responsables del incidente.
El 25 de marzo de 2024, los niños presentaron síntomas como fiebre, vómitos y dolores estomacales tras consumir arroz chaufa preparado con conservas de pollo “Don Simón”, fabricadas por Peruvian Aliment Company SAC, una empresa vinculada a Nilo Burga Malca, propietario de Frigoinca.
A pesar de los testimonios de los afectados, sus familias y los informes médicos, la fiscal sostiene que aún no cuenta con pruebas suficientes para determinar responsabilidades. Argumenta que faltan elementos clave, como el análisis médico legal de las historias clínicas de los menores y los resultados de las pruebas realizadas a las conservas. Al vencer el plazo de la investigación, ha dispuesto una reserva provisional del caso, mientras se identifican posibles responsables, tanto personas naturales como jurídicas.
Esta es la segunda prórroga solicitada por la fiscal, cuyo plazo venció en febrero sin que haya dado nuevas declaraciones. En el expediente figura un informe de la Dirección Regional de Salud de Puno, firmado por Ronald Loza Machicao, que recoge los resultados del análisis realizado por Mevalab Certificaciones e Inspecciones EIRL, indicando que el producto era apto para su consumo.
Sin embargo, en octubre de 2024, el programa “Punto Final” reveló que Noemí Alvarado Llanos, representante de Frigoinca, pagó sobornos a Ronald Loza tras la intoxicación para evadir responsabilidades. En noviembre, Alvarado admitió en el programa “Cuarto Poder” que Frigoinca adulteraba las conservas con aditivos y carne de caballo.
Otro dato relevante es que Mevalab, el laboratorio contratado para analizar la conserva, también era cliente de Frigoinca. En febrero de 2024, días antes de la intoxicación, emitió un informe favorable sobre el lote de conservas consumido por los escolares. Además, una investigación periodística mostró la relación cercana entre Mevalab y Frigoinca, evidenciando presuntos conflictos de interés.
A pesar de estos antecedentes, la fiscal Cahuari insiste en que no hay pruebas concluyentes que vinculen la intoxicación con las conservas de pollo. El abogado de las víctimas, César Quispe Calsín, expresó su preocupación por un posible archivamiento del caso, señalando que el proceso avanza hacia la impunidad.