08/07/26.-
La Corte Superior de Justicia de Amazonas condenó a 35 años de prisión efectiva a Jim Carl Solsol Ríos, un expolicía de 39 años que violó a una niña de 12 años en la provincia de Condorcanqui, y que posteriormente pretendió eludir su responsabilidad penal contrayendo nupcias civiles con la víctima.
Este caso expone una profunda crisis estructural en la intersección de la seguridad pública, la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y la instrumentalización de la cultura. Solsol Ríos no era un ciudadano común; al momento de los hechos, ejercía como agente del orden. Que un efectivo policial, cuya función constitucional es proteger a la ciudadanía, utilice su posición de poder y autoridad para vulnerar la indemnidad sexual de una menor de edad agrava la naturaleza del delito y evidencia la urgencia de depurar las fuerzas de seguridad en zonas aisladas del país.
El análisis de la resolución judicial es ejemplar en el desmontaje de los argumentos de la defensa. Los abogados del agresor intentaron apelar al error de tipo y a supuestos condicionamientos culturales, argumentando que el matrimonio comunitario validaba el acto. Sin embargo, el tribunal fue enfático al determinar que el consentimiento de una menor de edad es jurídicamente irrelevante y que el matrimonio civil posterior no fue más que un burdo intento de instrumentalizar las prácticas locales para consagrar la impunidad. Este pronunciamiento es un precedente crucial: las costumbres y el pluralismo jurídico no pueden convertirse en un cheque en blanco para el abuso infantil ni en un refugio para violadores.
A pesar de la contundencia de la pena de cárcel y la orden de una reparación civil de 10,000 soles, persisten interrogantes críticas sobre la prevención y la captura del agresor. Solsol Ríos llegó a estar prófugo de la justicia, deambulando libremente en Ucayali hasta que la Unidad de Emergencia lo capturó en el distrito de Callería. Esto demuestra que los mecanismos de control interno y de alerta temprana fallaron inicialmente, permitiendo que un abusador con formación policial evadiera la ley temporalmente.
La condena de 35 años es un paso firme hacia la justicia formal, pero el caso deja una herida abierta sobre la desprotección estatal que sufren las niñas en las regiones amazónicas, donde el uniforme policial y el engaño legal se alinearon para perpetuar la violencia de género.