08/07/26.-
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Defensoría del Pueblo formalizaron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el propósito de ampliar el acceso a los servicios de defensa pública gratuita. El acuerdo permitirá que abogados del Minjusdh atiendan a la ciudadanía desde las instalaciones de la Defensoría, fortaleciendo la orientación y el patrocinio legal para personas que no cuentan con recursos para acceder a una defensa privada.
La decisión responde a una creciente demanda de asistencia jurídica. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, cerca de 8,000 personas acudieron a esta entidad en busca de servicios de defensa pública, una realidad que evidenció la necesidad de articular esfuerzos entre ambas instituciones para evitar que los ciudadanos enfrenten barreras en el acceso a la justicia.
Durante la firma del convenio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, sostuvo que las estadísticas reflejan un problema que no puede ser ignorado y remarcó que la solución requiere un trabajo coordinado entre las entidades del Estado. En esa línea, afirmó que la respuesta institucional debe estar enfocada en garantizar atención efectiva a quienes requieren asesoría legal gratuita.
Como parte de la implementación del acuerdo, se instalarán dos módulos permanentes de defensa pública en la sede principal de la Defensoría del Pueblo. Estos espacios brindarán orientación legal, patrocinio judicial y otros servicios dirigidos a sectores vulnerables, con el objetivo de acercar la justicia a la población y reducir las dificultades para acceder a ella.
El titular del Minjusdh enfatizó que el convenio no debe quedar como un acto simbólico o un compromiso protocolar entre instituciones. Explicó que el mecanismo contempla planes de trabajo anuales, metas verificables y procesos de evaluación que permitan medir resultados y asegurar que las acciones tengan un impacto real en beneficio de la ciudadanía.
Además de la atención directa al público, el acuerdo incorpora el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre ambas entidades, así como la organización de actividades conjuntas de capacitación, campañas de difusión, promoción de derechos y asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales.
En la ceremonia participaron la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Yessica Yabar Ugarte; el defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor; el adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, Luis Alberto Flores Orosco; el director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh, Abel Hurtado Espinoza, además de funcionarios de ambas entidades.
La suscripción de este convenio representa un avance para mejorar la cobertura de los servicios de defensa pública, especialmente en un contexto donde miles de ciudadanos requieren asesoría legal gratuita. Sin embargo, el verdadero desafío será convertir el acuerdo en resultados tangibles. La instalación de módulos y la coordinación interinstitucional solo serán efectivas si cuentan con presupuesto, personal suficiente y mecanismos de supervisión que garanticen una atención oportuna y de calidad. En el Perú, numerosos convenios entre entidades públicas han quedado limitados al plano administrativo sin traducirse en beneficios concretos para la población. Por ello, el éxito de esta iniciativa dependerá de que las metas anunciadas se cumplan y de que la ciudadanía perciba una mejora real en el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.