08/07/26.-
La violencia escolar continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo peruano. Solo en lo que va del 2026, la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu) ha registrado más de 2,700 casos de violencia en colegios públicos y privados de Lima Metropolitana, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y evidencia que el problema persiste pese a las estrategias implementadas en los últimos años.
El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi, informó que estos reportes abarcan diversas formas de violencia y sirven como base para activar los protocolos de atención y protección dentro de las instituciones educativas. No obstante, reconoció que el número real de casos podría ser mayor, ya que no todas las situaciones son denunciadas ni registradas oficialmente.
El balance fue presentado durante una conferencia de prensa convocada para informar sobre las acciones desplegadas frente al caso de presunta violencia sexual denunciado en la sede de Innova Schools de Mayorazgo, en Ate. En este proceso participan el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) y otras entidades encargadas de garantizar la protección de los menores.
Las estadísticas oficiales reflejan que la violencia escolar aumentó considerablemente después de la pandemia. En 2022 se reportaron 4,446 casos; en 2023 la cifra se elevó a 7,621, mientras que en 2024 y 2025 los registros se mantuvieron en 6,726 denuncias. Durante el presente año ya se contabilizan más de 2,700 incidentes, lo que confirma que el problema continúa afectando a miles de estudiantes.
Frente a esta realidad, la DRELM anunció la próxima puesta en marcha de la plataforma regional «Reporta Ya», una herramienta diseñada para que estudiantes y padres de familia puedan comunicar de forma inmediata situaciones de violencia, acoso, amenazas o cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los escolares, incluso antes de que se formalice una denuncia.
Respecto al caso ocurrido en Innova Schools, Tupayachi señaló que se activaron las acciones de supervisión para verificar si la institución educativa cumplió con los protocolos establecidos y adoptó las medidas de protección correspondientes. Asimismo, expresó preocupación por las versiones de algunos padres que advierten sobre la posible existencia de otros hechos similares, información que será corroborada durante las investigaciones mediante reuniones y encuestas dirigidas a las familias.
El funcionario aseguró que, si aparecen nuevas denuncias, el Ministerio de Educación aplicará los mismos procedimientos de investigación y protección establecidos por la normativa vigente, priorizando el bienestar de los estudiantes.
La DRELM también informó que durante este año ha intervenido en alrededor de 12 casos de violencia infantil, además de atender denuncias relacionadas con extorsiones en instituciones educativas.
Como medida preventiva, el Ministerio de Educación recomendó suspender temporalmente las clases presenciales para facilitar el acompañamiento emocional de los estudiantes, fortalecer el trabajo con los padres de familia y revisar los protocolos internos. Sin embargo, la Municipalidad de Ate dispuso la clausura temporal del local de Innova Schools, obligando a que las actividades académicas continúen de manera virtual.
Ante esta decisión, la DRELM anunció que solicitará información a la comuna para conocer las razones de la clausura y evaluar alternativas que permitan garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases presenciales sin poner en riesgo su seguridad.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa las investigaciones y confirmó que siete menores de 11 años fueron identificados como presuntamente implicados en el caso. Paralelamente, Innova Schools informó que reportó el hecho en la plataforma SíSeVe y notificó a la UGEL correspondiente. Asimismo, anunció el relevo de la directora de la sede, la designación de una nueva autoridad, el reforzamiento de la vigilancia, la instalación de cámaras adicionales y la implementación de espacios de diálogo con los padres de familia para recuperar la confianza de la comunidad educativa.
Las cifras revelan que la violencia escolar ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural que compromete la seguridad de miles de estudiantes. Aunque el Estado ha fortalecido los mecanismos de denuncia y respuesta, la persistencia de miles de casos demuestra que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes. El subregistro reconocido por las propias autoridades evidencia que muchas víctimas aún no denuncian por miedo, desconfianza o falta de acompañamiento. Casos como el ocurrido en Innova Schools ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la supervisión, la educación en convivencia escolar y la atención psicológica permanente. Más allá de las sanciones, el reto es construir entornos educativos seguros donde la prevención tenga el mismo nivel de prioridad que la reacción frente a los hechos consumados.