02 de diciembre 2025.-
Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de Libertad Popular, fue víctima de un ataque armado mientras se desplazaba por la zona de Cerro Azul, en Cañete. Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra su camioneta, generando al menos tres impactos confirmados en la cabina del conductor. El propio Belaúnde afirmó haber escuchado hasta nueve detonaciones. La Policía Nacional activó de inmediato un plan cerco para ubicar a los responsables y, según el comandante general Óscar Arriola, no existen indicios de que se trate de un caso de extorsión.
Imágenes difundidas por RPP muestran los daños en el vehículo del candidato, quien salió ileso y continúa brindando su testimonio ante las autoridades. De acuerdo con Pedro Cateriano, el aspirante presidencial se encontraba en la zona por motivos empresariales relacionados a la supervisión de terrenos. El ex primer ministro calificó el hecho como un “pésimo inicio de campaña” y exhortó a rechazar con firmeza la violencia criminal que afecta al país.
El atentado también generó pronunciamientos de figuras públicas. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, condenó el ataque y llamó a garantizar un proceso electoral libre de agresiones. A su vez, el excongresista Gino Costa exigió investigaciones rápidas que identifiquen el móvil del crimen y a sus responsables.
La Policía ha descartado por el momento un trasfondo vinculado a crimen organizado o inseguridad común, aunque continúa la investigación balística para esclarecer la cantidad exacta de disparos y las circunstancias del atentado.
El ataque contra Rafael Belaúnde expone el clima de inseguridad y tensión que amenaza con contaminar el proceso electoral del 2026. Aunque aún no se ha determinado el móvil, resulta preocupante que un aspirante a la presidencia sea blanco de un atentado armado en plena vía pública. La PNP asegura que no se trata de extorsión, pero la falta de una hipótesis clara deja más preguntas que respuestas.
El episodio revela dos problemas estructurales: la incapacidad del Estado para garantizar seguridad incluso a actores políticos de alto perfil y la posibilidad de que la campaña electoral se desarrolle bajo un ambiente intimidatorio. Sin respuestas rápidas y transparentes, este ataque podría sentar un precedente peligroso. La ciudadanía necesita certezas, no silencios ni especulaciones. El país no puede normalizar la violencia como parte del juego político.
