02 de diciembre 2025.-
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima dispuso que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reincorpore a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular en un plazo máximo de cinco días hábiles. Según el juzgado, ya no existe ningún impedimento real que frene la ejecución de la sentencia que anuló su destitución. La orden incluye la reactivación de su título y advierte que, de incumplirse, la JNJ y sus funcionarios enfrentarán sanciones económicas.
La medida toma como fundamento la resolución emitida el 26 de noviembre por la Primera Sala Constitucional, que dejó sin efecto el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas sus resoluciones, entre ellas la destitución impuesta en 2021. Pese a que el tribunal dejó abierta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso disciplinario, exigió que su reposición sea inmediata.
Antes de este fallo, la JNJ sostenía que la restitución era “inejecutable” debido a una segunda destitución y a un proceso de amparo pendiente. Sin embargo, al anularse dicho procedimiento, el juzgado consideró que la barrera legal había desaparecido por completo.
El pronunciamiento recuerda que la Tercera Sala Constitucional ya había establecido que la reposición solo podía evitarse si existían otras sanciones vigentes, lo cual quedó descartado con la más reciente decisión judicial. En consecuencia, la reincorporación debe realizarse sin dilaciones.
No obstante, el regreso de Arce Córdova no está exento de polémica. El exfiscal continúa siendo objeto de fuertes cuestionamientos por investigaciones vinculadas al caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por su actuación durante la segunda vuelta electoral de 2021, cuando abandonó irregularmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esa renuncia —prohibida en pleno proceso electoral— fue considerada una maniobra que comprometió la estabilidad del sistema democrático.
La JNJ también había sustentado su destitución en audios y registros que revelaban supuestos vínculos con el exjuez César Hinostroza, quien habría influido en decisiones electorales y gestionado favores, según el expediente disciplinario.
Pese al mandato judicial, la reincorporación deja abierta la puerta para nuevos procedimientos, que la JNJ podría impulsar bajo el marco legal vigente.
La resolución judicial reabre un delicado debate sobre los límites del control constitucional en procesos disciplinarios y sobre la autonomía de la JNJ. Aunque el mandato se sustenta en la nulidad de un trámite administrativo, el trasfondo es más complejo: la restitución de un magistrado cuestionado por presuntos vínculos con redes de corrupción y actuaciones que afectaron procesos electorales.
Este caso expone dos riesgos:
- Un sistema disciplinario vulnerable a ser revertido en los tribunales, lo que podría debilitar la autoridad de la JNJ.
- La posibilidad de que funcionarios con serias investigaciones pendientes regresen a cargos de alta jerarquía, generando desconfianza en el Ministerio Público y en la ciudadanía.
Para la JNJ, la decisión implica cumplir el mandato, pero también reactivar o iniciar nuevos procesos para garantizar transparencia e imparcialidad. Para el país, el caso evidencia nuevamente la fragilidad institucional frente a figuras con amplio poder y cuestionada trayectoria.
