02 DICIEMBRE 2025.-
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar por presunto peculado doloso tras revelarse que trabajadores del Congreso estarían realizando labores partidarias para Fuerza Popular durante su horario laboral. La indagación estará a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, dirigida por la fiscal Zoila Sueño Chirinos, quien ordenó a la Dirección contra la Corrupción de la PNP ejecutar diligencias urgentes para determinar responsabilidades.
El caso salió a la luz tras un informe de Cuarto Poder, que registró a tres empleados parlamentarios ingresando al local partidario de Fuerza Popular en Santa Beatriz mientras debían cumplir funciones en el Legislativo. Las imágenes muestran a los implicados coordinando actividades internas y atendiendo a simpatizantes del partido liderado por Keiko Fujimori.
Los involucrados son Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylón, todos militantes de Fuerza Popular y contratados por distintas áreas del Congreso. La investigación periodística evidenció que ninguno asistía regularmente a su centro de labores. Incluso, Llerena, asignado al despacho de la congresista Auristela Obando, fue captado varias horas en la sede partidaria; la legisladora negó conocerlo. Ulloa figura como técnica en la comisión VRAEM, aunque sus propios colegas aseguran no haberla visto. Leiva, asesora del congresista Eduardo Castillo, también fue grabada coordinando actividades políticas durante la jornada laboral, mientras el parlamentario evitó pronunciarse.
La revelación expone nuevamente el uso indebido de recursos públicos en beneficio de intereses partidarios, una práctica que erosiona la confianza ciudadana en el Congreso. Que trabajadores estatales, pagados con fondos públicos, atiendan actividades de un partido político en horas laborales constituye una grave distorsión del servicio público y subraya la falta de controles internos.
La investigación fiscal será clave para determinar si existió una red de encubrimiento o negligencia dentro del Parlamento, especialmente ante la reacción evasiva de los congresistas involucrados. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso reabre el debate sobre la transparencia y la ética en un Congreso ya golpeado por cuestionamientos y baja legitimidad.