02/03/26.-
Durante su gestión al frente de la Comisión de Educación del Congreso entre 2023 y 2024, el hoy presidente José María Balcázar promovió con rapidez la aprobación de la Ley 32171, una norma que permitió el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas sin pasar por los procesos ordinarios de concurso y evaluación meritocrática. El proyecto había permanecido archivado por casi dos años debido a cuestionamientos sobre su impacto en la calidad académica, pero fue reactivado, debatido y aprobado bajo su conducción, con el respaldo de su voto en distintas etapas legislativas.
De acuerdo con un reportaje televisivo, la norma terminó beneficiando directamente a su hijo, José Balcázar Quiroz, quien se desempeñaba como docente contratado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Los requisitos establecidos en la ley coincidían con su perfil profesional y su vínculo laboral vigente, lo que le permitió acceder al nombramiento como profesor ordinario sin competir en un proceso público abierto. Este cambio no solo le otorgó estabilidad laboral, sino también mejoras salariales, acceso a beneficios y la posibilidad de participar en la elección de autoridades universitarias.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que el entonces congresista debió transparentar el posible conflicto de intereses, dado que el reglamento parlamentario obliga a declarar cualquier beneficio directo o indirecto que pueda alcanzar a familiares cercanos. La omisión de esta información ha sido interpretada como una vulneración al código de ética del Legislativo.
La investigación también reveló que el Ministerio de Economía transfirió cerca de cuatro millones de soles para financiar estos nombramientos en diversas universidades, siendo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo la que recibió el mayor monto. La autorización presupuestal se concretó durante un gobierno anterior, pero hoy genera suspicacias por la coincidencia de intereses.
Asimismo, se conoció que Balcázar propuso formalmente a su hijo como integrante del consejo consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, cargo que actualmente ocupa con carácter ad honorem. Aunque no es remunerado, expertos advierten que este rol le permite participar e influir en debates de alto impacto legislativo.
Ni el mandatario ni su hijo han ofrecido declaraciones públicas para responder a los cuestionamientos.
El caso expone un patrón que trasciende la discusión legal y se instala en el terreno ético. Aunque la ley no haya sido diseñada explícitamente para una sola persona, la coincidencia entre sus requisitos y la situación laboral del hijo presidencial plantea dudas razonables sobre el uso del poder legislativo para favorecer intereses familiares.
Más allá de la formalidad jurídica, el problema radica en la percepción de privilegio y en el debilitamiento del principio de meritocracia en la educación superior pública. En un país donde miles de profesionales compiten por plazas bajo estrictos criterios académicos, cualquier excepción que beneficie a un entorno cercano al poder erosiona la confianza ciudadana.
La situación también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos de interés y de garantizar mayor transparencia en la elaboración de normas que puedan generar beneficios directos o indirectos a autoridades y sus familiares.