27 NOVIEMBRE 2025.-
El impacto judicial por el fallido golpe de Estado del 2022 no recae únicamente sobre Pedro Castillo. La justicia peruana también alcanzó a sus más cercanos colaboradores. La ex primera ministra Betssy Chávez recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días, mientras que el también expremier Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, ambos considerados coautores del delito de conspiración. En el caso de Torres, la pena se redujo debido a su avanzada edad, mientras que Chávez quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas durante dos años.
El exministro del Interior Willy Huerta también fue hallado responsable y condenado a 11 años y 5 meses, una sentencia equivalente a la de Castillo y Chávez, aunque su pena fue suspendida hasta que la decisión quede firme. Estas decisiones se suman al fallo contra Castillo, sentenciado a 11 años y 5 meses por haber liderado la tentativa de ruptura del orden constitucional. Según la Sala Penal, el exmandatario articuló el plan y sus exministros colaboraron en distintos niveles para posibilitar su ejecución.
En conjunto, Castillo, Chávez, Torres y Huerta deberán asumir una reparación civil de 12 millones de soles en favor del Estado. Por otro lado, los policías inicialmente investigados fueron absueltos por decisión del tribunal, al no hallarse responsabilidad penal.
Las sentencias revelan una firme intención del Poder Judicial de establecer responsabilidades políticas y penales frente a uno de los momentos más críticos de la democracia reciente. Sin embargo, el caso también deja preguntas abiertas: ¿actuaron estos exfuncionarios de forma coordinada o la justicia está aplicando un criterio amplio de participación? Si bien las condenas representan un mensaje claro contra los intentos de alterar el orden constitucional, también ponen sobre la mesa la urgencia de reconstruir la confianza ciudadana en un país donde la inestabilidad política sigue siendo la norma.