27 noviembre 2025.-
El expresidente peruano Pedro Castillo fue sentenciado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, culminando así un proceso judicial que revive el fallido intento de golpe de Estado del 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió el fallo por mayoría (dos votos a uno). Aunque la Fiscalía había solicitado 34 años de cárcel por rebelión consumada, el tribunal determinó que el intento de ruptura del orden constitucional no llegó a ejecutarse plenamente, por lo que aplicó una pena menor.
La sentencia llega casi tres años después del mensaje televisado en el que Castillo anunció, sin sustento constitucional, la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para la Corte Suprema, aquel pronunciamiento representó un acto en el que el exmandatario “se arrogó el poder” vulnerando el artículo 45 de la Constitución, al intentar disolver el Parlamento sin cumplir las condiciones que la ley prevé.
A lo largo del juicio, Castillo sostuvo su inocencia y argumentó que aquel comunicado fue solo un “discurso político”, incluso negando que se tratara de un mensaje a la nación. También rechazó que intentara huir hacia la Embajada de México, pese a que el tribunal concluyó que su salida de Palacio de Gobierno aquel 7 de diciembre fue una búsqueda de impunidad. El exmandatario se mantiene desde entonces en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, tiempo que será descontado de la condena.
El próximo 4 de diciembre se leerá íntegramente la sentencia. En la misma resolución, la Corte condenó también a Betssy Chávez—actualmente asilada en la Embajada de México—y al exministro del Interior Willy Huerta, ambos con penas de 11 años y 5 meses (la condena de Huerta quedó suspendida). El exasesor presidencial Aníbal Torres recibió 6 años y 6 meses de prisión suspendida. Aunque Castillo insistió en que ninguno de sus exministros conocía el contenido del mensaje del 7 de diciembre, el tribunal sostiene lo contrario.
La sentencia contra Pedro Castillo marca un precedente clave en la defensa del orden constitucional peruano, pero también evidencia las grietas políticas y la fragilidad institucional del país. Aunque el tribunal concluyó que no hubo una rebelión consumada, el intento de disolver el Congreso de manera arbitraria no puede minimizarse bajo la etiqueta de “discurso político”. Esta decisión judicial, sin embargo, no cerrará el debate sobre la legitimidad de la sucesión presidencial ni las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que siguen debilitando la confianza ciudadana. El caso Castillo refleja tanto el fracaso de un liderazgo improvisado como la persistente crisis estructural que arrastra la política peruana.