27 noviembre 2025.-
La Municipalidad Metropolitana de Lima notificó a la Defensoría del Pueblo que la concesionaria Rutas de Lima S.A.C., actualmente en proceso de liquidación, abandonará la operación del tramo concesionado del proyecto Vías Nuevas de Lima desde el 2 de diciembre. Esta salida anticipada pondría en riesgo la continuidad del servicio vial a lo largo de 85 kilómetros de la Panamericana Norte y Sur.
Según la comuna, la empresa dejará de cumplir con sus responsabilidades de operación y mantenimiento pese a que el contrato continúa vigente hasta el 2 de diciembre de 2025. La concesionaria justificó su decisión afirmando que la suspensión judicial del cobro de peajes —dictada el 5 de noviembre— eliminó por completo sus ingresos, provocando el agotamiento de su caja operativa. Las casetas de Punta Negra y Villa quedaron incluidas en esta medida, impidiendo a la empresa recaudar los fondos necesarios para sostener el servicio.
Para la Municipalidad, la actitud de la concesionaria constituye un incumplimiento grave, pues el contrato establecía que Rutas de Lima debía garantizar la operación hasta el final de la concesión y asumir los riesgos financieros propios de la actividad. El retiro podría dejar las vías sin mantenimiento, supervisión ni medidas de seguridad.
En su oficio a la Defensoría, la comuna advierte que la situación representa un riesgo directo para los usuarios y exige acciones institucionales para evitar la interrupción del servicio. Hasta ahora no se ha aclarado si la Municipalidad asumirá temporalmente la gestión vial ni qué mecanismos legales activará para hacer valer el contrato.
El futuro del proyecto Vías Nuevas de Lima —uno de los más relevantes para la movilidad de la capital— queda en entredicho tras la decisión de la concesionaria.
El anuncio evidencia fallas estructurales en los modelos de concesión vial en el país. Aunque la empresa argumenta inviabilidad económica por la suspensión del peaje, el retiro anticipado revela la fragilidad contractual frente a decisiones judiciales y la falta de mecanismos para asegurar continuidad del servicio. La Municipalidad, por su parte, enfrenta el reto de asumir una infraestructura clave sin planificación pública previa, exponiendo una vez más la ausencia de una estrategia sólida de gestión urbana. El caso es un llamado urgente a revisar los contratos de largo plazo y a reforzar la supervisión estatal para evitar que disputas legales terminen afectando a millones de usuarios.