22/06/26.-
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió, en primera instancia, una sentencia de cadena perpetua contra dos ciudadanos extranjeros implicados en un caso de extorsión que terminó con el asesinato de un joven conductor de transporte público en el distrito de Comas. La decisión judicial representa uno de los fallos más severos emitidos en los últimos meses contra las redes dedicadas al cobro de cupos en el transporte urbano.
La condena recayó sobre Óscar Salinas, considerado autor del delito de extorsión agravada, y María Ruiz, sentenciada como cómplice primaria. Asimismo, otros dos implicados recibieron penas de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por tenencia ilegal de armas y municiones.
Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó que Jorge Ríos, de 21 años, fue asesinado en septiembre de 2024 mientras esperaba pasajeros en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Próceres de Huandoy, en Comas. Las investigaciones revelaron que la víctima realizaba pagos diarios de siete soles a una organización criminal para poder trabajar en su ruta de transporte.
Según las pesquisas, el conductor fue amenazado tras retrasarse en uno de los pagos exigidos y posteriormente fue asesinado. La propietaria del vehículo también habría sido víctima de extorsión y realizó diversos depósitos para cumplir con las exigencias económicas de los delincuentes.
Las investigaciones permitieron identificar la cuenta bancaria utilizada para recibir los depósitos, lo que condujo a la captura de los implicados. Durante los operativos, la Policía halló el teléfono empleado para las amenazas y dos armas de fuego abastecidas con municiones.
Desde una perspectiva crítica, este caso refleja la profunda penetración de las mafias de extorsión en el transporte público. El asesinato de un conductor por una deuda de apenas siete soles evidencia el nivel de violencia y control que ejercen estas organizaciones criminales. Aunque la sentencia representa un importante precedente judicial, también expone las deficiencias del Estado para prevenir las extorsiones que afectan diariamente a transportistas, comerciantes y trabajadores en distintos sectores de Lima.
Además de las condenas, el Poder Judicial dispuso el pago solidario de 135 mil soles por concepto de reparación civil a favor de las víctimas y sus familiares.