18/07/26.-
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) elevó la tensión dentro del gremio jurídico al solicitar la nulidad de la acreditación de Vicente Paúl Espinoza Santillán como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP) ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP). La institución sostiene que el procedimiento que permitió su reconocimiento estuvo marcado por presuntas irregularidades que, a su juicio, comprometen la legalidad del nombramiento.
La petición fue presentada por la decana del CAL, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, quien remitió un escrito al CDCP en el que califica la acreditación como un presunto «fraude a la ley». El documento argumenta que la decisión habría vulnerado el artículo 13 del estatuto del Consejo Nacional de Decanos, además de desconocer el principio de tracto sucesivo y dejar de lado la existencia de un proceso judicial que aún se encuentra pendiente de resolución.
Según la posición institucional del CAL, cualquier acto administrativo derivado de una reunión privada que sustituya las funciones de una Asamblea General carecería de validez jurídica, por lo que correspondería declarar su nulidad absoluta. Bajo esa premisa, la entidad cuestiona la legitimidad del procedimiento que permitió la designación de Espinoza.
El gremio también afirma que la elección realizada el 15 de marzo de 2025 incumplió las normas internas de la organización. Entre las principales observaciones figuran la supuesta falta de autorización para desarrollar el proceso electoral, el incumplimiento de los plazos de convocatoria y la exclusión de 16 decanos, hechos que, según el CAL, afectan la transparencia y representatividad de la elección.
Otro de los puntos que genera controversia es la actuación de Pedro Riega López, presidente del CDCP, a quien el Colegio de Abogados de Lima cuestiona por haber validado la acreditación pese a que existía un proceso judicial relacionado con la disputa por la representación de la JUDECAP. Desde la institución consideran que esa decisión habría sido adoptada sin esperar un pronunciamiento definitivo de la justicia.
Asimismo, el escrito presentado por el CAL sostiene que Vicente Espinoza habría entregado documentación cuya autenticidad y validez son puestas en duda por la orden profesional. La entidad afirma que dichos documentos fueron utilizados para intentar acreditar una representación que, según su posición, carece de sustento legal.
En consecuencia, el Colegio de Abogados de Lima solicita que el Consejo Nacional de Decanos declare la nulidad del reconocimiento otorgado a Espinoza como presidente de la JUDECAP y disponga la inmediata invalidez de cualquier credencial, registro u oficio emitido a su favor.
Este conflicto refleja una creciente disputa por el control y la representación de uno de los principales gremios de abogados del país. Más allá del enfrentamiento entre autoridades, el caso pone sobre la mesa cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos electorales internos y el respeto a las normas estatutarias que rigen a las instituciones profesionales. Si las presuntas irregularidades son confirmadas, podrían afectar la legitimidad de las decisiones adoptadas por la dirigencia cuestionada. Sin embargo, mientras no exista un pronunciamiento firme de las instancias competentes o del Poder Judicial, las acusaciones permanecen dentro del ámbito de una controversia institucional que deberá resolverse conforme al debido proceso y al marco legal vigente.