CORTE DEL CALLAO ANULA SENTENCIA POR COLUSIÓN CONTRA ANGÉLICA RÍOS

17/07/26.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao dejó sin efecto la condena impuesta a Angélica Rosario Ríos Ramírez, Raúl Jesús Palomino Amblodegui, Fernando Huamani Aroni y Freddy Federico Lozada Alcántara, al declarar fundados los recursos de apelación presentados por sus respectivas defensas en el proceso por el presunto delito de colusión agravada vinculado a la adquisición de equipos de protección durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

A través del Expediente N.° 04127-2021-75-0701-JR-PE-11, el tribunal resolvió anular la sentencia emitida el 15 de enero de 2026 por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Callao, al considerar que el fallo de primera instancia presentaba deficiencias sustanciales y vulneraciones procesales que comprometían la validez de la decisión judicial.

La resolución de la Sala no implica la absolución de los procesados, sino que determina que la sentencia no cumplía con las garantías exigidas por el debido proceso, por lo que deberá seguir el trámite correspondiente conforme a lo establecido por el órgano jurisdiccional.

La decisión de la Corte Superior del Callao pone de manifiesto la importancia de que los procesos penales, especialmente aquellos relacionados con presuntos actos de corrupción durante la pandemia, respeten estrictamente las garantías constitucionales y las reglas del debido proceso. Una sentencia con deficiencias en su fundamentación o con vulneraciones procesales puede ser anulada, independientemente de la gravedad de los hechos investigados.

Este fallo también evidencia la necesidad de que las investigaciones y resoluciones judiciales sean sólidas desde el punto de vista jurídico para evitar retrocesos que prolonguen los procesos y retrasen una respuesta definitiva de la justicia. La anulación de la sentencia representa un revés procesal, pero no significa el cierre del caso ni la inexistencia de responsabilidad penal, la cual deberá ser determinada mediante un proceso que cumpla plenamente con los estándares legales.