12/002/26.-
El presidente de la República, José Jerí, expuso ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana durante la primera sesión ordinaria del 2026, desarrollada en Palacio de Gobierno. La presentación marcó el inicio del debate oficial de una estrategia que el Ejecutivo plantea como eje central para enfrentar la creciente inseguridad en el país.
Según el mandatario, la iniciativa busca articular a los distintos niveles del Estado y a la sociedad civil en una respuesta conjunta frente a la delincuencia. En su intervención, sostuvo que la seguridad es un derecho fundamental y que el plan pretende convertirse en una herramienta común para encarar lo que describió como una “guerra” contra el crimen, dejando abierta la propuesta a observaciones y ajustes antes de su aprobación.
Jerí señaló que el documento ha sido elaborado de manera consensuada y que incorpora indicadores de medición orientados a obtener resultados en el corto plazo. Afirmó que los datos y proyecciones presentados sustentan la continuidad de las acciones emprendidas y fijan metas ambiciosas con la intención de que el plan trascienda los cambios de autoridades y se consolide como una política de Estado.
Desde una mirada crítica, el anuncio vuelve a colocar el énfasis en la planificación como respuesta a un problema estructural que ha persistido pese a estrategias previas. Si bien el Ejecutivo destaca la existencia de métricas y objetivos claros, el principal desafío será traducir el documento en acciones concretas, sostenidas y fiscalizables. La experiencia reciente demuestra que los planes de seguridad suelen diluirse sin coordinación efectiva ni recursos suficientes.
El jefe de Estado también vinculó la seguridad con el desarrollo económico, al señalar que un entorno más seguro favorece la inversión y, con ello, la reducción de brechas sociales. Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común, una promesa que ahora queda sujeta a la capacidad real del Estado para ejecutar lo planteado y responder a una ciudadanía cada vez más exigente frente a la inseguridad.