21/02/26.-
Tras más de cuatro meses de la vacancia presidencial de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, el Congreso volvió a poner el foco en las investigaciones fiscales que pesan en su contra. El congresista Segundo Montalvo, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, solicitó formalmente al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, un informe detallado sobre el estado procesal de los casos que involucran a la exmandataria.
El pedido se centra en dos investigaciones clave: las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y el denominado caso Rolex, que atribuye a Boluarte presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado, cohecho pasivo impropio y omisiones en declaraciones oficiales. Según recordó Montalvo, la investigación preliminar del caso Rolex habría identificado un incremento patrimonial injustificado, la compra de joyas valorizadas en más de 162 mil dólares, movimientos bancarios irregulares y depósitos de origen no acreditado.
Asimismo, se habría establecido la entrega de tres relojes Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Pese a ello, el parlamentario cuestionó la lentitud del proceso y demandó mayor celeridad.
Las investigaciones permanecieron suspendidas por una decisión del Tribunal Constitucional, que amparó a Boluarte mientras ejercía la presidencia, conforme al artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, Montalvo subrayó que dicha protección ya no resulta aplicable tras su salida del cargo, por lo que no existiría impedimento constitucional para reactivar plenamente la acción penal.
El requerimiento del Congreso expone las tensiones persistentes entre el Parlamento y el Ministerio Público en torno a casos de alta sensibilidad política. La demora en las investigaciones, especialmente en el caso Rolex, alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Si bien el marco constitucional establece límites claros durante el ejercicio presidencial, la vacancia elimina esos blindajes y obliga a las instituciones a actuar con diligencia. La advertencia sobre la posible pérdida de pruebas y el debilitamiento de testimonios refuerza la urgencia de decisiones concretas, en un contexto donde la credibilidad del Estado sigue seriamente cuestionada.