El Congreso de la República cerró la puerta al pedido de pensión vitalicia presentado por Dina Boluarte, al concluir que no reúne las condiciones legales para acceder a este beneficio reservado a exmandatarios. La decisión se sustenta en un informe elaborado por el área de Asesoría Laboral del Parlamento, el cual señala que la exjefa de Estado no califica dentro de los supuestos establecidos por la ley vigente.
Según la información revelada por el programa Cuarto Poder, Boluarte no llegó a la Presidencia mediante elección popular, sino que asumió el cargo por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo. Este punto resulta determinante para la improcedencia del beneficio, ya que la normativa actual limita la pensión vitalicia a expresidentes constitucionales elegidos por voto ciudadano.
El documento parlamentario es enfático al precisar que la ley 26519 no es aplicable en este caso, pues el beneficio se concibe como un reconocimiento del Estado a quien haya ejercido de manera íntegra y legítima el máximo cargo público durante un periodo completo. Bajo ese criterio, la condición de sucesión presidencial no genera automáticamente los mismos derechos que un mandato otorgado por las urnas.
No obstante, la decisión ha generado cuestionamientos. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que la sucesión constitucional implica asumir el cargo con todos los derechos inherentes a la Presidencia, y advirtió que el Congreso no debería tomar decisiones influenciadas por el impacto político o la percepción pública.
El pedido de Boluarte fue presentado apenas diez días antes de dejar el poder, mediante una comunicación dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En ella, solicitó no solo la pensión vitalicia, sino también beneficios logísticos establecidos en acuerdos previos de la Mesa Directiva.
Entre los requerimientos figuraba la asignación de un trabajador bajo el régimen CAS con una remuneración mensual de 3.700 soles, así como el abastecimiento de 150 galones de combustible al mes. Este episodio reaviva el debate sobre los privilegios postmandato y expone las tensiones entre legalidad, ética pública y el uso de recursos del Estado en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia la clase política.