Una resolución directoral emitida por el Ministerio de Salud el 27 de noviembre dispuso el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N, luego de comprobarse que el producto no cumplía con los estándares mínimos de calidad ni con las buenas prácticas de manufactura exigidas en el país. El medicamento, elaborado por el laboratorio Wockhardt Limited en la India, fue observado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) tras detectar manipulación de información, presencia de impurezas, posibles toxinas y graves fallas en los procesos de producción.
Sin embargo, una investigación periodística reveló que, pese a la orden oficial, la insulina continúa siendo entregada en establecimientos públicos del Minsa y EsSalud, así como comercializada en farmacias y boticas. Casos como el del Hospital Nacional Sergio Bernales, en Comas, evidencian que la disposición no se estaría cumpliendo de manera efectiva. Incluso, se presentó una receta médica emitida para los meses de enero y febrero de 2026 que incluye el medicamento ya retirado del mercado.
Esta situación expone a una población especialmente vulnerable. En el Perú, más de 1,3 millones de personas mayores de 20 años viven con diabetes y dependen de múltiples aplicaciones diarias de insulina para sobrevivir. La falta de alternativas obliga a muchos pacientes a enfrentar una decisión extrema: continuar con un tratamiento potencialmente riesgoso o interrumpirlo, con consecuencias que pueden ser fatales.
Desde el Colegio Médico, se advierte que el problema no se limita a un solo fármaco, sino que revela una cadena de negligencias acumuladas durante años. Durante al menos un quinquenio, medicamentos importados desde la India sin las certificaciones sanitarias necesarias ingresaron al país y fueron adquiridos tanto por el sector privado como por el propio Estado. A ello se suma el impacto económico que implica reemplazar productos que ya fueron comprados con recursos públicos.
Organizaciones civiles también han levantado su voz de alerta. Representantes de asociaciones de pacientes señalan que el incumplimiento de las normas sanitarias pone en riesgo la vida de miles de personas, que pueden desarrollar complicaciones severas como ceguera, insuficiencia renal u otras patologías irreversibles ante la falta de un tratamiento adecuado.
Las inspecciones realizadas por Digemid en la planta de fabricación en la India confirmaron serias irregularidades: ausencia de control por lotes, alteración de tiempos de fermentación y continuidad de la producción pese a alertas críticas de calidad. Estos hallazgos cuestionan no solo al fabricante, sino también la capacidad de supervisión y reacción del sistema sanitario.
El problema se agrava al conocerse que no se trata de un caso aislado. Se identificaron cientos de medicamentos suspendidos o vetados que aún se consumen en hospitales, incluso en tratamientos para cáncer, VIH y enfermedades cardiovasculares. La mayoría de estos productos proviene de la India y China.
Ante la difusión de estos hechos, el Minsa anunció operativos de fiscalización a nivel nacional y advirtió que sancionará a los proveedores que incumplan la orden de retiro. No obstante, el caso deja al descubierto una grave brecha entre la norma y su aplicación, y plantea una interrogante de fondo sobre la seguridad de los medicamentos que llegan a los pacientes en el sistema de salud peruano.
