16/07/26.-
El presidente José María Balcázar remitió un oficio al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, para precisar el alcance de su reciente solicitud relacionada con una pensión estatal. En el documento, aclaró que su pedido no busca el otorgamiento de una nueva pensión vitalicia, sino la restitución y nivelación de la pensión de cesantía que le corresponde como exmagistrado del Poder Judicial, tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas, al tratarse del último cargo público que desempeñó antes de asumir la Presidencia de la República.
Según el mandatario, la pensión que recibe bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 quedó suspendida en 2021 cuando asumió funciones como parlamentario, debido a la prohibición legal de percibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado. En ese contexto, sostiene que, tras culminar sus funciones en el Congreso y posteriormente asumir la Jefatura del Estado, corresponde restituir dicho beneficio y recalcular su monto conforme a la última función pública ejercida.
En su escrito, Balcázar enfatiza que su pretensión consiste en que la pensión como magistrado cesante sea actualizada y nivelada con base en el salario vigente de un congresista. Para sustentar el trámite, adjuntó copia de su documento nacional de identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y la credencial que certifica su elección como congresista de la República.
La aclaración se produce luego de que trascendiera una solicitud presentada ante el Congreso para acceder a los beneficios contemplados para quienes ejercen la Presidencia de la República desde febrero de 2026. En ese contexto, el mandatario también invocó como antecedente el caso del expresidente Valentín Paniagua, quien accedió a una pensión vitalicia al amparo de la Ley N.° 26519, norma que regula este beneficio para los exjefes de Estado al término de su mandato.
Asimismo, Balcázar solicitó la suspensión provisional de la pensión correspondiente a su condición de exmagistrado mientras se resuelve el procedimiento administrativo relacionado con la nivelación solicitada.
El pedido vuelve a abrir el debate sobre el alcance de los beneficios pensionarios para los altos funcionarios del Estado y la interpretación de los regímenes especiales de jubilación. Aunque el mandatario sostiene que se trata de un derecho derivado de su condición de magistrado cesante y no de un nuevo beneficio, el caso probablemente generará un amplio escrutinio público debido a su impacto económico y a la sensibilidad política que rodea las pensiones de las más altas autoridades del país.
