20/01/26.-
La Corte Superior de Justicia del Callao anunció la implementación de un plan de contingencia para el periodo de vacaciones judiciales 2026, con el propósito de evitar la paralización de procesos urgentes y garantizar la atención mínima a los ciudadanos. La medida fue dispuesta por su presidente, Miguel Ricardo Castañeda Moya, quien autorizó el funcionamiento de veinte órganos jurisdiccionales de emergencia en la jurisdicción chalaca.
Según la Resolución Administrativa N.° 0053-2026-P-CSJCL/PJ, entre el 1 de febrero y el 2 de marzo, magistrados y personal jurisdiccional que no harán uso de su descanso vacacional asumirán la atención exclusiva de casos considerados prioritarios, como pensiones de alimentos, personas detenidas, violencia familiar y procesos constitucionales. La Corte sostiene que esta disposición busca proteger derechos fundamentales y evitar perjuicios a la población más vulnerable.
Como parte del esquema operativo, se aplicará el sistema de despachos consolidados, mediante el cual los expedientes de juzgados que ingresan en receso serán derivados a los órganos de emergencia. Esta estrategia apunta a centralizar la carga procesal y mantener la continuidad del servicio, aunque también incrementa la presión sobre un número reducido de jueces.
El dispositivo contempla salas mixtas y penales de emergencia, juzgados penales colegiados y unipersonales, órganos de investigación preparatoria, así como juzgados civiles, laborales, de familia y de paz letrado. Asimismo, se ha priorizado la atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, un ámbito especialmente sensible durante periodos de menor actividad judicial.
Si bien la medida responde a la necesidad de no suspender el acceso a la justicia durante las vacaciones judiciales, vuelve a evidenciar un problema estructural del sistema: la dependencia de esquemas de emergencia para garantizar derechos básicos. La concentración de expedientes en pocos despachos puede generar sobrecarga laboral, retrasos y decisiones apresuradas. Además, la reiteración anual de estos planes revela la falta de una reforma integral que permita un servicio judicial continuo y eficiente, sin recurrir a soluciones excepcionales que, aunque necesarias, resultan insuficientes frente a la alta demanda de justicia en el Callao.