22/07/26.-
La situación judicial del expresidente Pedro Castillo continúa agravándose. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación presentado por su defensa y ratificó la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses en el proceso que afronta por el presunto delito de organización criminal, investigación en la que el Ministerio Público lo señala como presunto líder de una estructura ilícita en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, la permanencia de Castillo en el establecimiento penitenciario de Barbadillo responde a que no se acreditó de manera suficiente la existencia de arraigo familiar, laboral ni domiciliario, factores considerados determinantes para evaluar el riesgo de fuga durante el desarrollo de la investigación.
El documento precisa que el arraigo familiar quedó debilitado debido a que su esposa e hijos permanecen asilados en México. Asimismo, el Poder Judicial concluyó que su situación laboral no ofrece garantías de permanencia en el país y que el domicilio registrado en Cajamarca resulta insuficiente para descartar un eventual intento de evadir la acción de la justicia, especialmente por las posibilidades de apoyo en el extranjero.
Esta decisión se suma a la sentencia de primera instancia que impuso 11 años de prisión al exmandatario por el delito de rebelión, tras ser hallado responsable del intento de quiebre del orden constitucional ocurrido en diciembre de 2022. El tribunal respaldó los argumentos del Ministerio Público y concluyó que Castillo ejecutó acciones orientadas a disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia, configurando un atentado contra el orden democrático.
Con la ratificación de la prisión preventiva, el proceso por presunta organización criminal continuará mientras el exjefe de Estado permanece recluido, enfrentando de manera paralela las consecuencias penales derivadas de su intento de golpe de Estado.
La decisión de la Corte Suprema refleja que los tribunales mantienen una línea firme frente a los procesos que involucran al expresidente Pedro Castillo. Más allá del debate político que aún genera su figura, el Poder Judicial ha priorizado criterios procesales como el riesgo de fuga y la falta de arraigo para justificar la continuidad de la medida restrictiva de libertad.
Sin embargo, el caso también evidencia la complejidad de un proceso judicial que acumula múltiples investigaciones y sentencias relacionadas con un mismo personaje político. Mientras sus seguidores sostienen que existe una persecución política, las autoridades judiciales insisten en que sus resoluciones responden a elementos probatorios y a la necesidad de garantizar el desarrollo de las investigaciones. El desenlace definitivo dependerá de la solidez de las pruebas presentadas en juicio y de la capacidad del sistema de justicia para demostrar independencia frente a uno de los casos políticos más trascendentes de los últimos años.
