21/07/26.-
La creciente ola de extorsiones en el Callao volvió a dejar en evidencia la vulnerabilidad de los pequeños empresarios frente al avance del crimen organizado. Esta vez, una chicharronería ubicada en la avenida Quilca fue atacada a balazos luego de que sus propietarios se negaran a pagar S/10 mil exigidos por presuntos integrantes de la banda criminal conocida como «Los Mexicanos».
El atentado ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del lunes, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento, situado cerca de la intersección de las avenidas Quilca y Omicrón, y descargaron una ráfaga de disparos contra el portón principal antes de darse a la fuga.
Afortunadamente, el local ya había cerrado sus puertas y no había trabajadores ni clientes en el interior, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, el ataque dejó severos daños materiales y confirmó que las amenazas lanzadas días antes por los extorsionadores no eran simples advertencias.
Peritos de Criminalística hallaron ocho impactos de bala en la puerta metálica y recogieron diez casquillos en la escena. Según las primeras investigaciones, los delincuentes escaparon con dirección a la avenida Pacasmayo y, durante la persecución, se habría producido un intercambio de disparos con efectivos policiales que patrullaban el sector. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni personas heridas.
Las pesquisas revelan que el hostigamiento comenzó durante el último fin de semana mediante mensajes enviados por WhatsApp. En ellos, los delincuentes, que se identificaban como miembros de «Los Mexicanos», exigían el pago de S/10 mil a cambio de permitir que la chicharronería continuara operando.
El contenido de las amenazas expone el nivel de violencia con el que operan estas organizaciones. Los criminales advertían que, si los propietarios seguían atendiendo al público sin pagar el dinero solicitado, no solo atacarían el negocio, sino que asesinarían a los integrantes de la familia, utilizando un lenguaje extremadamente violento para sembrar terror.
Fuentes policiales señalaron que los mensajes fueron enviados desde un número con código internacional de Colombia, información que ahora es analizada por especialistas para determinar si se trata de una organización con conexiones extranjeras o de una estrategia utilizada para dificultar la identificación de los responsables.
La chicharronería, que funcionaba desde 2012, permanece cerrada tras el atentado. Los dueños evalúan abandonar definitivamente el inmueble debido al temor de convertirse nuevamente en blanco de los delincuentes.
Las investigaciones quedaron a cargo del Depincri Callao y de unidades especializadas de investigación criminal, cuyos agentes realizan pericias en la escena, revisan cámaras de videovigilancia y buscan reconstruir el recorrido de los atacantes para lograr su identificación.
El atentado ha generado alarma entre comerciantes y vecinos de la zona, quienes denuncian que las extorsiones se han convertido en una amenaza permanente para quienes buscan trabajar de manera honesta. Los residentes demandan mayor presencia policial y acciones concretas para frenar una criminalidad que parece operar con cada vez mayor impunidad.
Este nuevo ataque refleja el profundo deterioro de la seguridad ciudadana en el Callao y confirma que las extorsiones ya no distinguen el tamaño ni el rubro de los negocios. Los delincuentes han pasado de las amenazas a ejecutar atentados armados con total descaro, mientras muchas víctimas optan por cerrar sus empresas o abandonar sus inversiones por miedo a perder la vida.
El hecho de que una banda pueda advertir un ataque, cumplir su amenaza y luego escapar sin ser capturada evidencia las limitaciones del sistema de prevención e inteligencia policial frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor estructuradas. La utilización de números telefónicos extranjeros también demuestra la sofisticación de estas redes, que buscan dificultar el rastreo de sus comunicaciones.
Más allá de las investigaciones, el desafío para las autoridades será recuperar el control de las zonas más golpeadas por la delincuencia y garantizar que los emprendedores puedan desarrollar sus actividades sin convertirse en víctimas del crimen organizado. Mientras ello no ocurra, el miedo seguirá imponiéndose sobre el derecho al trabajo y la economía local continuará siendo rehén de las mafias.
