Viernes 04 de Diciembre de 2015.- Esta mañana, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado ante las cifras de inseguridad ciudadana en el primer puerto del país, exhortando a las familias y las autoridades tomar medidas firmes, concretas y eficades para contrarrestar esta problemática.
Según cifras de la Policía Nacional del Perú, en el año 2014, se registraron 544 ataques con armas de fuego que causaron la muerte de 101 personas y 443 heridos. Y entre enero y junio del presente año se registran 252 ataques que ocasionaron la muerte de 45 personas y 207 heridos.
«En reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Consejo Regional de Seguridad Ciudadana del Callao (CORESEC) y al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), abordar de manera integral la situación de inseguridad en la Región Callao. Sin embargo, no ha habido una respuesta acorde con la gravedad del problema», sostiene un portavoz de la Defensoría del Pueblo.
«Exhortamos al Poder Ejecutivo a que convoque a un Consejo de Estado para que, al más alto nivel, se adopten medidas para enfrentar de forma efectiva los graves problemas de inseguridad que se vienen produciendo en el Primer Puerto y que ponen en peligro la vida de sus vecinos, así como la gobernabilidad de dicha región», sostuvo la Defensoría del Pueblo.
Agregaron que el objetivo de esta medida es, evaluar y disponer la conformación de un equipo especializado de efectivos de la Policía Nacional, que se focalice en la desarticulación de las organizaciones criminales, integrada por personal debidamente seleccionado para evitar cualquier filtración de estas mafias, contando con la logística suficiente.
«Además, urge fortalecer las acciones de patrullaje policial en el Primer Puerto que coadyuven a una acción más eficaz frente al delito», declara el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
PIDEN GARANTÍAS:
«Pedimos al Ministerio Público y al Poder Judicial a garantizar que los magistrados a cargo de las investigaciones y procesos judiciales por los hechos denunciados vinculados con organizaciones criminales y presuntos actos de corrupción, cuenten con los medios necesarios para una adecuada y célere investigación» señala la Defensoría del Pueblo.
«Asimismo, se asegure la protección de dichos magistrados quienes deben reunir las cualidades de probidad, imparcialidad y objetividad necesarias», refiere el documento.
La Defensoría del Pueblo renueva su compromiso de lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción en nuestro país, culmina el comunicado de la Defensoría del Pueblo.