07/02/26.-
El Poder Judicial ordenó el embargo preventivo de diversos bienes inmuebles pertenecientes a Mario Vizcarra Cornejo, candidato presidencial por el partido Perú Primero, y a su hermano César Vizcarra Cornejo, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada relacionada con contrataciones realizadas en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en la región Tacna. La medida cautelar tiene como finalidad asegurar el eventual pago de una reparación civil al Estado.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia Jorge Basadre, que dispuso el embargo hasta por un monto aproximado de S/ 1 millón 360 mil, conforme al pedido formulado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. De acuerdo con la información fiscal, el caso gira en torno a supuestas irregularidades en un contrato de alquiler de maquinaria pesada destinado a la ejecución de obras públicas en el centro poblado de Mirave, durante el año 2018, cuando la municipalidad realizaba trabajos de defensas ribereñas tras desastres naturales.
Según la tesis del Ministerio Público, el contrato investigado ascendería a cerca de S/ 6 millones y habría sido utilizado para simular servicios que no se habrían ejecutado conforme a lo pactado, generando un presunto perjuicio económico al Estado. La medida de embargo, precisaron las autoridades, no implica un adelanto de responsabilidad penal, sino una acción preventiva para garantizar un eventual resarcimiento.
El proceso alcanza tanto al candidato presidencial como a su hermano, investigados en calidad de presuntos cómplices. La indagación se encuentra en etapa preparatoria, en la que se evalúan los elementos de convicción para determinar si corresponde presentar una acusación formal. El embargo recae sobre bienes inmuebles que quedan temporalmente afectados mientras dure el proceso, sin que ello signifique una incautación definitiva.
El caso adquiere especial relevancia por involucrar a un aspirante a la Presidencia en un contexto preelectoral marcado por una fuerte demanda ciudadana de transparencia. Si bien la investigación se encuentra en una fase preliminar y rige la presunción de inocencia, la imposición de medidas cautelares pone en evidencia la necesidad de que los procesos judiciales avancen con celeridad y rigor, evitando tanto la impunidad como el uso político de las investigaciones. La resolución judicial subraya, además, el papel clave del sistema de justicia en la supervisión del uso de recursos públicos y en la rendición de cuentas de quienes aspiran a cargos de alta responsabilidad.