15 NOVIEMBRE 2025.-
La crisis institucional en el Ministerio Público vuelve a tensarse tras la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, que optó por no debatir la posible oficialización de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. Con ello, Gálvez continuará solo en calidad de interino, mientras Delia Espinoza mantiene su condición de fiscal de la Nación suspendida, a la espera de lo que determine una nueva sesión.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el pedido presentado por Juan Mendoza Abarca —quien solicitaba asegurar la designación de un único titular permanente— ni siquiera fue incorporado en la agenda formal. Aunque el asunto se discutió de manera informal, la mayoría de fiscales supremos se pronunció en contra de consolidar a Gálvez al mando de la institución.
La reunión, que se desarrolló durante poco más de dos horas, se centró principalmente en evaluar la solicitud del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que plantearon reemplazar temporalmente a Gálvez por considerarlo un “actor político”. La propuesta fue rechazada por supuestos motivos procedimentales.
Todo ocurre mientras vence el plazo fijado por el Poder Judicial para que la Junta Nacional de Justicia reponga a Delia Espinoza, luego de que la propia JNJ no acatara correctamente la medida cautelar inicial. Hasta el cierre de la información, la JNJ no emitía pronunciamiento.
Pese a ello, Tomás Gálvez afirmó que no renunciará hasta recibir la notificación oficial de la JNJ. Sus declaraciones evidenciaron tensión, especialmente cuando evitó profundizar sobre la coordinación con dicha entidad.
La controversia se arrastra desde octubre, cuando la JNJ se negó a reincorporar a Espinoza argumentando límites competenciales, pese a que un fallo judicial dejaba sin efecto su sanción. El juzgado constitucional sostuvo luego que la JNJ interpretó erróneamente la medida, por lo que ordenó su cumplimiento en un plazo máximo de dos días.
El abogado de Espinoza, Luciano López, calificó la resolución como un “jalón de orejas” a la JNJ y reiteró que esta carece de competencia para designar al fiscal de la Nación, señalando que el juez también había advertido ese error.
La situación refleja una crisis interna que combina rivalidades de poder, interpretaciones contradictorias de las normas y una evidente falta de claridad institucional. La resistencia de la JNJ a actuar según las disposiciones judiciales y la postura de los fiscales supremos para evitar movimientos en la cúpula generan incertidumbre en un organismo clave para la administración de justicia. La figura del fiscal de la Nación se ha convertido en un terreno de disputa política y jurídica, debilitando la percepción de autonomía del Ministerio Público y proyectando una institucionalidad fragmentada, donde cada actor defiende intereses contrapuestos en lugar de priorizar la estabilidad del sistema fiscal.