05 junio 2025.- La Fiscalía de la Nación ha interpuesto una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por presunta designación ilegal en el ejercicio del cargo. Según la investigación fiscal, en noviembre de 2024 Gutiérrez habría nombrado de forma indebida a María del Carmen Olórtegui Risco como responsable de la Oficina Defensorial II de La Libertad.
El Ministerio Público argumenta ante el Congreso que Gutiérrez realizó esta designación a pesar de que conocía que Olórtegui no cumplía con los requisitos establecidos en el Manual del Clasificador de Cargos de la institución. Se presume, además, que en este proceso contó con el respaldo de áreas administrativas internas.
Paralelamente, Olórtegui Risco también está siendo investigada por aceptar un cargo de manera indebida y, presuntamente, haber intervenido en decisiones sobre otros puestos dentro de la Defensoría para facilitar su propia contratación.
En abril, el diario La República reportó que la Contraloría General detectó contrataciones irregulares dentro de la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Gutiérrez. Dos funcionarios vinculados al partido Alianza Para el Progreso (APP) fueron señalados: Olórtegui y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.
El informe reveló que ambos fueron contratados sin acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para los cargos. Asimismo, se mantuvieron afiliados políticamente a APP mientras ejercían funciones públicas. En el caso de Olórtegui, estuvo inscrita en APP desde julio de 2023 hasta marzo de 2025, y anteriormente perteneció a Fuerza Popular. Canales continúa con militancia activa desde 2018.
La Contraloría observó que estas afiliaciones contravienen la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos, que prohíbe militancia política en cargos de confianza. A pesar de ello, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano no actuó para garantizar su cumplimiento.
