05 junio 2025.- El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria desestimó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para dejar sin efecto las acciones fiscales que derivaron en una denuncia constitucional en su contra por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Eficcop (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder). De este modo, el Ministerio Público continuará con la investigación por presunto encubrimiento personal.
El juez Juan Carlos Checkley validó las pruebas que la Fiscalía presentó ante el Congreso en noviembre de 2024. Boluarte buscaba invalidar las declaraciones de varios testigos, entre ellos los efectivos conocidos como ‘Carlos’ y ‘René’, así como los exintegrantes de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado y Walter Lozano.
La defensa de la mandataria, encabezada por el abogado Juan Carlos Portugal, argumentó que se vulneraron derechos fundamentales como el de defensa, igualdad procesal y justificación adecuada, al no haberse permitido su participación en las diligencias fiscales.
No obstante, el juez supremo consideró que las pruebas recogidas se ajustan al marco legal vigente y que no se violaron los derechos de la presidenta. Justificó que las declaraciones se tomaran en reserva debido a que, como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Boluarte podría haber influido en los testimonios.
La resolución señala que se declara infundada la tutela de derechos interpuesta por la defensa. Además, indica que al momento de presentarse dicha tutela en enero de 2025, el caso ya estaba bajo la competencia exclusiva del Congreso, por lo que el juzgado no podía pronunciarse.