22/05/26.-
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió archivar el proceso disciplinario seguido contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por las presuntas interferencias en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y las supuestas coordinaciones destinadas a perjudicar a fiscales como Marita Barreto y Rafael Vela. La decisión también favoreció a Juan Antonio Fernández Jerí, quien era investigado dentro del mismo caso.
La resolución fue aprobada por unanimidad tras la ponencia del magistrado Jaime de la Fuente Parodi, quien sostuvo que no existían pruebas suficientes para acreditar una presunta concertación entre los involucrados. Según explicó, el testimonio del exasesor Jaime Villanueva carecía de información concreta sobre cómo, cuándo y dónde se habrían producido las supuestas coordinaciones denunciadas.
El procedimiento evaluaba hechos relacionados con cambios internos dentro del Ministerio Público durante la gestión de Benavides, entre ellos la salida de Marita Barreto del Eficcop, la designación de Guillermo Silva Loli en el equipo especial y presuntas maniobras orientadas a afectar al fiscal Rafael Vela. Sin embargo, la JNJ concluyó que no se hallaron elementos objetivos que permitieran sostener responsabilidad administrativa disciplinaria contra los investigados.
Asimismo, el pleno rechazó los recursos presentados para cuestionar testimonios clave de personajes como Jaime Villanueva, Marita Barreto, Harvey Colchado y Walter Lozano, manteniendo válidas dichas declaraciones, aunque considerándolas insuficientes para sancionar.
La decisión representa un nuevo triunfo institucional para Patricia Benavides, quien en los últimos meses ha obtenido resoluciones favorables en distintos procesos judiciales y administrativos. El archivo de esta investigación elimina uno de los cuestionamientos más delicados sobre su gestión al frente del Ministerio Público y sobre la presunta utilización de órganos internos para influir en investigaciones de corrupción política.
El caso, sin embargo, vuelve a exponer las tensiones y divisiones dentro del sistema de justicia peruano. Mientras un sector considera que la JNJ actuó respetando el principio de presunción de inocencia y la necesidad de pruebas sólidas, otro cuestiona que investigaciones de alto impacto terminen archivadas pese a las denuncias públicas y testimonios que apuntaban a una presunta red de influencias dentro de la Fiscalía.
La resolución también alimenta el debate sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar a altos funcionarios del sistema judicial. En medio de una crisis de confianza ciudadana, este tipo de decisiones suele profundizar la percepción de impunidad y reforzar las críticas sobre presuntas protecciones políticas dentro de los organismos de control del Estado.