10/02/26.-
La Junta Nacional de Justicia inició un proceso de investigación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera revisar su desempeño en el caso conocido como Waykis en la Sombra. Esta medida surge tras declararse fundada la demanda interpuesta por Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, personaje vinculado a Nicanor Boluarte e implicado en dicha investigación penal.
El reclamo de Castañeda ante el Tribunal Constitucional se centró en el retraso injustificado del magistrado para conceder el recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva y remitir el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. El máximo órgano constitucional determinó que esta demora vulneró derechos fundamentales, como el acceso a la doble instancia y el derecho a la defensa, al incumplirse los plazos legales en un proceso que afectaba directamente la libertad personal del investigado.
En noviembre de 2024, Concepción Carhuancho dispuso 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Sin embargo, un mes después, la Quinta Sala Penal revocó la medida al concluir que no se acreditaban los presupuestos legales necesarios para mantenerla. Hasta el cierre de esta información, el juez no ha presentado descargos ante la JNJ.
Este caso se suma a una serie de investigaciones disciplinarias impulsadas por la Junta Nacional de Justicia contra altos funcionarios del sistema judicial y fiscal. Entre ellos figura Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, quien enfrenta nuevas indagaciones por el presunto uso indebido de vehículos oficiales durante un periodo de suspensión, además de procesos previos que derivaron en su destitución.
Asimismo, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, integrantes del extinto Equipo Especial Lava Jato, también fueron objeto de investigaciones preliminares en 2024, a raíz de declaraciones que los vinculaban con supuestas coordinaciones irregulares. En conjunto, estos casos reflejan un escenario de permanente fiscalización institucional, pero también abren el debate sobre la oportunidad, el alcance y la consistencia de las acciones disciplinarias en un contexto de alta tensión política y judicial.