09/07/26.-
En medio de los cuestionamientos por la falta de recursos para garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República destinaron más de S/ 567 mil a la contratación de servicios de televisión por cable con la empresa DirecTV, una decisión que ha generado críticas sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos.
Según reveló el portal El Foco, el Congreso adjudicó un contrato por S/ 310,392, mientras que la Contraloría aprobó otro por S/ 256,932 mediante un proceso de selección pública. En conjunto, ambas contrataciones superan el medio millón de soles.
Los Términos de Referencia del Parlamento establecen que el servicio no se limita a la instalación de televisión en algunas oficinas, sino que contempla la implementación de hasta 479 puntos de conexión distribuidos en diez edificios del Congreso ubicados en el Cercado de Lima.
Para sustentar la contratación, el Legislativo argumentó que el servicio permitirá mantener un flujo permanente de información mediante canales nacionales e internacionales de contenido noticioso, además de facilitar la difusión de las actividades institucionales hacia la ciudadanía. Como parte de las condiciones, el proveedor deberá incluir obligatoriamente la señal de Congreso TV dentro de la programación contratada.
El contrato tendrá una vigencia de 730 días calendario, equivalente a dos años, y deberá operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Asimismo, el Congreso exigió una programación especializada con contenidos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales y de investigación.
Consultado por la prensa, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, evitó pronunciarse sobre la decisión administrativa y señaló que las explicaciones correspondían al área técnica responsable de la contratación.
Por su parte, la Contraloría rechazó que el contrato haya sido motivado por la transmisión del Mundial de fútbol y sostuvo que se trata de un servicio que mantiene de manera continua desde 2021 como herramienta para el monitoreo de información de interés público.
La entidad explicó que el monto adjudicado permitirá brindar cobertura a 117 sedes a nivel nacional durante un periodo de 1,095 días, es decir, tres años. También precisó que la nueva contratación fue convocada luego de que el postor ganador del proceso anterior no suscribiera el contrato dentro del plazo legal establecido.
Aunque tanto el Congreso como la Contraloría sostienen que el servicio responde a necesidades institucionales y no exclusivamente a la transmisión del Mundial, el momento en que se realiza la contratación intensifica el debate sobre las prioridades del gasto público. Mientras organismos electorales advierten limitaciones presupuestarias para organizar uno de los procesos democráticos más importantes del país, la asignación de más de medio millón de soles para televisión por cable genera cuestionamientos sobre la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos estatales. Más allá de la legalidad de los contratos, el caso vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación del gasto público, especialmente en un contexto donde diversas entidades enfrentan restricciones presupuestarias para cumplir funciones esenciales.