24 MARZO 2025.- Un día antes de la marcha del 21 de marzo y de la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, un mensaje del despacho de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, reveló un inquietante vínculo entre la política y la Policía Nacional.
El asesor de Juárez, Abel Santiago, invitó a artistas y representantes de grupos musicales a un diálogo con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Marco Conde Cuéllar. Esta reunión, programada para el 21 de marzo en la avenida España, también contó con la participación de la congresista Juárez. Lo que aparentaba ser un gesto de preocupación por la seguridad ciudadana, terminó exhibiendo una posible utilización política de la Policía Nacional.
Los artistas, quienes previamente no habían recibido respuesta de la policía ante sus denuncias, obtuvieron atención inmediata a través de esta intervención. «Estamos prestos a apoyarlos para que sus denuncias sean escuchadas más rápido en la Dirincri», concluía el mensaje.
Sin embargo, este episodio también evidenció el sometimiento de la Policía Nacional a intereses políticos. Según denuncias de artistas como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, esta intervención buscaba disuadirlos de participar en la marcha contra la inseguridad ciudadana convocada para ese mismo día.
La situación está enmarcada en un contexto donde Fuerza Popular, junto a otros partidos, ha promovido reformas legislativas que otorgan mayor control a la policía, en detrimento del Ministerio Público. Paralelamente, la relación entre el Congreso y altos mandos policiales ha sido fortalecida mediante condecoraciones y mejoras laborales, en un aparente intento de alinear intereses institucionales con objetivos políticos.
