08/05/26.-
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) salió al frente para desmentir las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto indulto al expresidente Pedro Castillo. A través de un comunicado oficial, la cartera calificó dicha información como “falsa y tendenciosa”, intentando frenar las especulaciones generadas tras recientes cambios dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Según explicó el sector, la salida de uno de los integrantes de dicha comisión no obedeció a presiones políticas ni a una estrategia para favorecer al exmandatario, sino a una renuncia motivada por una mejor propuesta laboral. Sin embargo, el pronunciamiento no logró disipar completamente las dudas sobre los movimientos internos en una institución clave para la evaluación de beneficios presidenciales.
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó duramente cualquier posibilidad de otorgar un indulto a Castillo, señalando que dicha medida sería “ilegal e inconstitucional”. En declaraciones a medios nacionales, recordó que la Constitución peruana contempla únicamente dos escenarios para aplicar un indulto o gracia presidencial, requisitos que —según sostiene— el exjefe de Estado no cumple actualmente.
Quiroga precisó que el indulto solo procede cuando existe una sentencia firme, mientras que la gracia presidencial puede evaluarse en procesos excesivamente prolongados en primera instancia. En el caso de Castillo, el proceso aún se encuentra en etapa de apelación, por lo que no existe una resolución definitiva. Bajo ese contexto, afirmó que cualquier intento de liberarlo mediante estas figuras jurídicas chocaría directamente con la Carta Magna.
Actualmente, el exmandatario permanece recluido en el penal de Penal de Barbadillo tras haber sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia emitida en primera instancia todavía espera ser revisada por una sala superior, instancia que podría ratificar o modificar el fallo.
El constitucionalista también deslizó que un eventual cambio en la conducción del Ministerio de Justicia podría encender alertas sobre futuras decisiones políticas. Aunque evitó acusaciones directas, dejó entrever que mientras el sector continúe bajo la gestión de Luis Jiménez Borra, resulta improbable que prospere una medida que contradiga el marco constitucional.
El episodio vuelve a poner en evidencia el clima de polarización política que atraviesa el país. Mientras sectores afines a Castillo insisten en denunciar persecución política y exigir su liberación, especialistas advierten que abrir la puerta a un indulto sin sustento legal podría agravar la crisis institucional y debilitar aún más la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
