Ventanilla, 21 noviembre 2022.- El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, pidió hoy apoyo del Congreso de la República para acabar con la venta ambulatoria de chips para teléfonos celulares.
“Hemos venido peleando con las empresas operadoras por la venta de los chips durante años, pero los siguen vendiendo”, declaró durante su presentación en la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.
En tal sentido, dijo que se ha presentado un proyecto para que se sancione con mayor severidad y que se prohíba, a través de una Ley, la venta de chips en las calles.
Se trata del Proyecto de ley N° 3481-2022 que promueve la seguridad en la contratación de los servicios públicos móviles y la protección de datos personales (prohíbe venta ambulatoria de chips móviles).
Seguridad para el usuario
Sabemos que esa venta implica graves riesgos para los usuarios por el uso de su información personal, agregó. “Es como darle el DNI a un desconocido, sin que el Osiptel pueda tener alguna capacidad para fiscalizar qué sucede con las herramientas digitales”, dijo.
El presidente ejecutivo de Osiptel refirió que hace poco fueron informados de que no contentas con haber perdido todos estos procedimientos ante el Indecopi ahora esas empresas están planteando acciones de amparo. “Siguen persistiendo a nivel judicial para seguir vendiendo chips en las calles”.
Enfatizó que esta problemática solo puede ser solucionada si es que Congreso les da su apoyo prohibiendo por Ley la venta ambulatoria de chips y estableciendo mayores sanciones como lo vienen solicitando hace tiempo, para aumentar el límite tan bajo de sanciones que tiene el Osiptel.
Mencionó que otros proyectos que se han presentado son:
Proyecto de ley N° 3340-2022: propone fortalecer las funciones de fiscalización y sanción del Osiptel, elevando el tope de multas a imponerse a las empresas de telecomunicaciones.
Proyecto de ley N° 3339-2022: propone otorgar el derecho de los abonados a recibir una compensación por interrupciones registradas en los servicios públicos de telecomunicaciones.