El Poder Judicial confirmó la medida de impedimento de salida del país por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
A través de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de Emergencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se resolvió extender esta restricción, que vencía el 4 de enero, hasta el próximo 4 de julio, atendiendo el pedido de la Fiscalía.
«Confirmar la Resolución N.5, de fecha 27 de diciembre del 2024, que resolvió declarar fundado el pedido de prolongación de la medida de impedimento de salida del país solicitada por el representante del Ministerio Público contra el referido imputado por un plazo adicional de seis meses en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado», indica el documento oficial.
La resolución destacó la complejidad del juicio oral en curso, debido a la gran cantidad de pruebas admitidas en la etapa intermedia: 23 testigos, 3 testigos técnicos, 7 peritos, 146 documentales y 10 pericias. Además, subrayó que aunque Martín Vizcarra cumple con las reglas de conducta impuestas, enfrenta una acusación fiscal que solicita 15 años de prisión por cohecho pasivo propio.
«Debe connotarse además que la prolongación de esta medida no genera una afectación grave a la libertad ambulatoria del imputado, pues la defensa ha informado en audiencia que, en realidad, su defendido Martin Vizcarra Cornejo no tiene pensado viajar al extranjero durante los próximos seis meses, no se han esbozado y menos aún acreditado además razones de salud, familiares o laborales para salir del país», señala la resolución.
En el proceso, se incluye el testimonio de tres nuevos testigos, entre ellos el gerente general de Incot, empresa socia de ICCGSA durante la ampliación del Hospital de Moquegua. Esta compañía es vinculada a presuntos sobornos que habrían superado el millón de soles, entregados a Vizcarra durante su gestión como gobernador regional.
Así, el Poder Judicial oficializó la medida, garantizando la permanencia del expresidente en el país mientras avanza el juicio penal.