21/03/26.-
Nuevos elementos han salido a la luz en torno al triple asesinato ocurrido el 17 de marzo en una combi de la empresa Los Rojitos, en San Juan de Miraflores. La Policía Nacional ha señalado que el principal sospechoso no solo mantenía vínculos con internos en penales, sino que también estaría involucrado en el suministro ilegal de armas, lo que refuerza la hipótesis de su participación en redes criminales más amplias.
De acuerdo con el general Víctor Revoredo, las investigaciones de la División de Secuestros y Extorsiones evidenciaron que el detenido frecuentaba establecimientos penitenciarios donde visitaba a reclusos relacionados con delitos graves como extorsión. Esta información contradice la versión inicial de sus familiares, quienes sostenían que el joven asistía a una universidad, dato que fue descartado tras las verificaciones policiales.
Las diligencias también apuntan a visitas al penal de San Juan de Lurigancho, donde habría sostenido encuentros con internos vinculados a organizaciones delictivas. Entre ellos figura un presunto contacto conocido como “Pitbull”, investigado por secuestro y extorsión, lo que sugiere una conexión directa con estructuras criminales operativas incluso desde prisión.
Asimismo, la Policía sostiene que el sospechoso habría adquirido armas de fuego que posteriormente alquilaba, una práctica ilegal que alimenta el circuito delictivo. Aunque el implicado alegó que las compró para brindar seguridad, admitió haberlas arrendado, lo que compromete aún más su situación legal.
Las autoridades consideran que estas acciones formarían parte de una red dedicada al abastecimiento de armamento para bandas implicadas en sicariato, extorsión y ataques contra el transporte público. En esa línea, se le vincula con la organización conocida como Los Trujillanos, presunto remanente de agrupaciones criminales del norte del país.
Además del caso de Los Rojitos, el detenido es investigado por su presunta participación en al menos siete hechos de sicariato, lo que evidencia la magnitud de las acusaciones en su contra. Mientras tanto, la Policía continúa con peritajes técnicos y análisis forenses para determinar con mayor precisión su implicancia en el crimen.
Desde una mirada crítica, el caso vuelve a exponer las fallas estructurales del sistema penitenciario, donde las cárceles no solo no logran reinsertar, sino que funcionan como centros de articulación del crimen organizado. La facilidad con la que se establecen vínculos desde el interior de los penales plantea serios cuestionamientos sobre el control estatal y la efectividad de las políticas de seguridad, en un contexto donde la violencia ligada al transporte público sigue en aumento.