28/01/26.-
Daniel Urresti vuelve a situarse en el centro del debate judicial. Este jueves 29 de enero, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial evaluará la posibilidad de dejar sin efecto la condena de 12 años de prisión que pesa en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio del también comunicador Eduardo Rojas.
El exministro del Interior cumple sentencia desde abril de 2023 por los hechos ocurridos en Ayacucho en 1988, cuando se desempeñaba como capitán del Ejército y jefe de Inteligencia. La audiencia, que se realizará de manera virtual desde las 2:30 de la tarde, abordará el recurso de apelación interpuesto por su defensa contra una resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre de 2025.
Dicho fallo rechazó la prescripción del proceso, la nulidad del juicio y la solicitud de libertad inmediata, además de inaplicar —mediante control difuso— la Ley N.° 32107, que precisa el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la normativa peruana.
En este escenario, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo emitió, el pasado 16 de enero, un dictamen en el que recomienda declarar infundada la apelación presentada por la defensa de Urresti. Durante la audiencia, tanto el excongresista como su equipo legal expondrán sus argumentos, al igual que los representantes del Ministerio Público y de la parte civil, antes de que la sala emita una decisión en los próximos días.
Actualmente, Urresti permanece recluido en el penal Virgen de las Mercedes, en Chorrillos.
En paralelo, la jornada judicial se desarrolla en un contexto de alta tensión institucional. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, deberá presentar un informe ante la Junta Nacional de Justicia tras ser denunciada por una presunta omisión dolosa en su declaración jurada. La denuncia fue presentada por Gino Román Torres, director del Centro de Protección al Ciudadano Equidad, quien sostiene que la magistrada no consignó información familiar relevante vinculada a viajes al extranjero.
La revisión del caso Urresti vuelve a evidenciar la complejidad de juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, donde las decisiones judiciales no solo tienen impacto legal, sino también simbólico. Una eventual anulación de la condena reavivaría el debate sobre la lucha contra la impunidad y el rol del Poder Judicial frente a violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el cuestionamiento a la presidenta del PJ, en medio de este proceso, refuerza la percepción de un sistema de justicia sometido a fuertes presiones políticas y a una creciente desconfianza ciudadana sobre su independencia y solidez institucional.