28/01/26.-
La Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) concedió un plazo de cinco días a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que formule sus descargos frente a una presunta omisión de datos en su declaración jurada de intereses. La magistrada deberá remitir un informe sustentado con documentación que aclare los hechos observados.
La medida se origina en una denuncia presentada por Gino Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano Equidad, quien acusa a Tello de no haber incluido en su declaración jurada correspondiente al periodo 2021-2025 a Daniela Moreno Tello, a quien identifica como su sobrina. Según el denunciante, esta omisión habría sido intencional.
En el escrito presentado ante la JNJ se sostiene que Daniela Moreno habría realizado más de 17 viajes al extranjero, situación que —según el denunciante— no sería coherente con la ausencia de una actividad pública o laboral registrada. A partir de ello, Román Torres afirma que la presidenta del Poder Judicial habría incurrido, presuntamente, en falsedad ideológica y en la omisión de consignar información obligatoria en documentos oficiales.
El oficio que da inicio al procedimiento disciplinario está suscrito por la presidenta de la JNJ, María Cabrera Vega, y por Magnolia Martínez, directora de Procedimientos Disciplinarios de la institución.
No obstante, la denuncia no está exenta de cuestionamientos. Un reportaje de Gustavo Gorriti, publicado por IDL, revela que Gino Román habría mantenido vínculos con Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre. De acuerdo con dicha investigación, en 2023 el partido liderado por Cerrón le habría pagado 10 mil soles por servicios vinculados al diseño de cursos de capacitación para alcaldes. Posteriormente, Román pasó a desempeñarse como personal técnico en el Congreso, en el despacho de la congresista María Agüero, también de Perú Libre.
Este nuevo episodio se suma a una serie de confrontaciones previas entre la JNJ y el Poder Judicial. En febrero de 2025, la Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario contra Janet Tello y otros cuatro jueces supremos, a quienes se les atribuyó la emisión irregular de una sentencia en julio de 2024. En ese caso, también fueron investigados los magistrados Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano.
La investigación se activó a raíz de una denuncia presentada por el coronel en retiro de la Policía Nacional, Julio Ramón Cadenillas Díaz, quien cuestionó la actuación funcional de los magistrados tras el rechazo de un recurso de casación con el que buscaba ser reincorporado a la institución policial, alegando que se sustentó en una norma ya derogada.
Frente a ello, Tello cuestionó duramente la actuación de la JNJ, señalando un apresuramiento inusual y la falta de verificación de información clave. Sostuvo que la Junta no habría solicitado los expedientes correspondientes y que, de haberlo hecho, habría advertido la existencia de un proceso de amparo en trámite. Recordó, además, que el artículo 139 de la Constitución prohíbe a cualquier autoridad avocarse a causas pendientes, bajo sanción penal por avocamiento indebido.
En este contexto, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) advirtió recientemente que, tras la destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza, se estaría configurando una persecución sistemática contra jueces y fiscales. En un pronunciamiento público, la asociación alertó sobre amenazas de destitución, injerencias directas en audiencias, el uso de procesos disciplinarios con fines intimidatorios y campañas de desprestigio en redes sociales.
Para JUSDEM, estos hechos no serían aislados, sino parte de un patrón sostenido de presión institucional que tendría como objetivo debilitar la independencia judicial y erosionar la institucionalidad democrática. Según la asociación, estas prácticas pondrían en riesgo el sistema de administración de justicia al someterlo a intereses particulares, en perjuicio del bien común y del Estado de derecho en el Perú.
El nuevo procedimiento abierto contra la presidenta del Poder Judicial vuelve a poner en el centro del debate la delicada relación entre la JNJ y el sistema de justicia. Si bien la fiscalización de la conducta de altos funcionarios es necesaria en un Estado democrático, la reiteración de procesos disciplinarios, sumada a la cuestionada trayectoria política del denunciante, plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad y oportunidad de estas acciones. La falta de transparencia en la verificación previa de los hechos y la percepción de selectividad en las investigaciones alimentan la narrativa de una posible instrumentalización del control disciplinario. En un contexto de alta polarización política, estas tensiones no solo afectan a las personas involucradas, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones llamadas a garantizar la independencia y el equilibrio de poderes.
