19 MAYO 2025.- Según el medio independiente Ojo Público, el mayor PNP Gianfranco Tolentino Farfán fue designado como agente de seguridad presidencial desde septiembre de 2024. Alcanzó el rango de mayor en diciembre de ese año tras ser ascendido con la aprobación del entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien posteriormente fue censurado. Actualmente, Tolentino está bajo investigación judicial por su presunta implicación en la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, ocurrida durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Lima, a fines de enero de 2023. Actualmente ocupa un cargo dentro del Despacho Presidencial.
Tolentino Farfán fue jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) durante la represión de aquellas manifestaciones. La Fiscalía lo señala por omisión de funciones, pues, siendo jefe policial y estando cerca del lugar donde Santisteban resultó mortalmente herido, no evitó el uso excesivo de la fuerza por parte de sus subordinados. Para confirmar su ubicación en ese momento, se revisaron señales de geolocalización y comunicaciones de radios portátiles. Aunque inicialmente Tolentino afirmó haber usado el equipo de un suboficial que lo transportaba en motocicleta, análisis de voz y grabaciones de radio desmintieron su versión.
Ojo Público intentó comunicarse con Tolentino sin éxito. Por su parte, Elisabeth Santisteban, hermana de la víctima, criticó su ascenso, calificándolo de prepotente y relacionándolo con su cercanía a la presidenta.
Víctor Santisteban, de 55 años, fue asesinado el 28 de enero tras sufrir graves heridas en medio de las protestas. Ingresó inconsciente al hospital con un traumatismo craneoencefálico severo y falleció a pesar de los esfuerzos médicos. Conocido como ‘Bimbo’ por su familia, esperaba viajar a Argentina para conocer a su primer nieto. Su muerte truncó ese sueño.
Fue hallado cerca del cruce de jirón Inambari con avenida Abancay, en un ambiente caótico con gases lacrimógenos. El certificado necrológico indica que murió por traumatismo craneoencefálico causado por un objeto contundente. La familia exige justicia y la revisión de más cámaras para identificar a los responsables.
Las muertes en las protestas contra Dina Boluarte han motivado múltiples investigaciones. La Fiscalía de la Nación informó en julio de 2024 que abrió 18 procesos preliminares contra 154 efectivos de la Policía y Ejército por hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde hubo 267 víctimas entre muertos y heridos. Los casos se distribuyen en diversas regiones, como Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Lima, Selva Central, Ucayali, Arequipa y La Libertad, evidenciando la magnitud de las presuntas violaciones a los derechos humanos.
En Ayacucho, el Ministerio Público formalizó cargos contra 27 militares involucrados en hechos violentos de diciembre de 2022 cerca del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, que afectaron a 55 personas. Entre los acusados figuran altos mandos militares y policiales, como el comandante general Jesús Vera Ipenza y otros oficiales. En Puno, se investigan tres casos por muertes en Macusani, aeropuerto Inca Manco Cápac y Juliaca.
En Cusco, se abrieron dos procesos que involucran a 22 policías por enfrentamientos del 11 de enero de 2023, que dejaron 30 afectados. En Apurímac, la Fiscalía inició dos investigaciones por disturbios en febrero de 2023 que hirieron a seis personas, afectando a 21 policías. En Lima, se formalizaron cuatro procesos contra 12 policías por violencia en marchas, incluyendo el asesinato de Víctor Santisteban y otras agresiones ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.