20/07/26.-
El principal investigado por la presunta agresión sexual contra una niña awajún de siete años volvió a escapar mientras era trasladado por integrantes de comunidades indígenas en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La nueva fuga fue confirmada por la ministra de la Mujer, Edith Pariona, quien informó que el sospechoso no se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional al momento de los hechos.
Según explicó la titular del sector, fueron las propias autoridades comunales y líderes indígenas quienes lograron ubicar y capturar al presunto agresor tras una búsqueda realizada por la población. Sin embargo, durante su traslado hacia el distrito de El Cenepa, el investigado consiguió huir nuevamente, por lo que se activaron coordinaciones para intentar recapturarlo.
De acuerdo con información difundida por medios locales, el hombre, de 23 años, fue retenido inicialmente cerca de la frontera con Ecuador, un día después de que se denunciara el ataque ocurrido en la comunidad nativa de Pantasam Entsa. El extenso recorrido hasta Huampami, capital distrital, que supera las ocho horas de viaje, dificultó su entrega inmediata a la Policía Nacional y al Ministerio Público.
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, Rosmery Pioc, pidió una intervención más rápida de las autoridades para evitar que el caso quede impune, mientras que la congresista y senadora electa Ruth Luque cuestionó la ausencia de una respuesta oportuna por parte de la Policía Nacional durante el operativo de captura y traslado.
La menor permanece internada en un hospital de Bagua en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huampami-Cenepa emitió una orden de captura contra el investigado y continúa con las diligencias correspondientes.
Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Amazonas facilitó apoyo logístico para que efectivos policiales y representantes del Ministerio Público puedan desplazarse hasta la comunidad donde ocurrió el presunto delito, con el fin de recopilar evidencias e impulsar la investigación.
Este caso evidencia las serias limitaciones del Estado para responder con rapidez ante delitos graves ocurridos en zonas alejadas del país. El hecho de que la captura inicial haya recaído en las comunidades indígenas y que el sospechoso lograra escapar nuevamente durante su traslado plantea interrogantes sobre la capacidad de coordinación entre las autoridades y las fuerzas del orden. Más allá de las dificultades geográficas, la protección de las víctimas y la persecución de delitos de violencia sexual requieren una respuesta inmediata, con presencia efectiva del Estado, recursos suficientes y mecanismos que impidan que hechos de esta gravedad queden sin sanción. La prioridad debe ser garantizar justicia para la menor, proteger a su familia y esclarecer las responsabilidades por la nueva fuga del investigado.