20/07/26.-
Un niño de ocho años falleció en un hospital de Lima luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante una intervención policial ocurrida en la ciudad de Huacho. El menor viajaba junto a su madre como pasajero de una mototaxi cuando se produjo un altercado entre el conductor del vehículo y dos efectivos de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información preliminar, los agentes, pertenecientes a la comisaría de Salaverry, realizaban un operativo de fiscalización cuando la intervención derivó en una discusión con el mototaxista. Testigos indicaron que, en medio del enfrentamiento verbal, uno de los policías tenía su arma de reglamento desenfundada antes de que se escuchara el disparo. Imágenes difundidas posteriormente registran parte de lo ocurrido y forman parte de las diligencias de investigación.
La familia del menor sostiene que el agente policial habría advertido la presencia del niño dentro del vehículo antes de efectuarse el disparo. Además, denunció que la atención inicial fue insuficiente y que los efectivos no colaboraron de inmediato en el traslado del menor hacia un establecimiento de salud.
Tras resultar gravemente herido, el niño fue llevado primero al Hospital de Huacho y posteriormente derivado a un centro médico de Lima debido a la gravedad de la lesión cerebral. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante su tratamiento especializado.
El Ministerio Público dispuso la intervención de un fiscal y peritos de Criminalística para recoger evidencias, tomar declaraciones a los testigos y analizar los registros audiovisuales con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo y establecer las responsabilidades correspondientes.
Los familiares solicitaron que la Inspectoría General de la Policía Nacional realice una investigación exhaustiva y transparente. Asimismo, informaron que el menor recibía tratamiento por trastorno del espectro autista y era apreciado en su comunidad por participar en diversas actividades artísticas.
La muerte de un menor durante una intervención policial representa un hecho de extrema gravedad que exige una investigación rápida, independiente y basada en evidencia. El uso de armas de fuego en operativos de control debe responder a protocolos estrictos de proporcionalidad y protección de la vida, especialmente cuando hay civiles presentes. Corresponde a las autoridades esclarecer si el empleo del arma fue conforme a la normativa y, de ser el caso, determinar las responsabilidades penales y administrativas. Casos como este también reabren el debate sobre la capacitación de los efectivos policiales en el uso diferenciado de la fuerza y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar tragedias que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.