20/07/26.-
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento del delito de cohecho pasivo propio atribuido a Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, en el marco de la investigación que se le sigue por el denominado caso Antalsis.
El requerimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Tras recibir la solicitud, el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso poner el pedido en conocimiento de todas las partes involucradas en el proceso, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar observaciones o pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la Fiscalía.
De acuerdo con una resolución emitida el 10 de julio, una vez concluido ese periodo, el magistrado convocará a una audiencia preliminar en la que se debatirá la procedencia del sobreseimiento antes de emitir una decisión definitiva.
No es la primera vez que la Fiscalía solicita el archivo de una imputación contra Cerrón dentro de este mismo expediente. En abril de este año, el mismo juzgado declaró fundada una solicitud de sobreseimiento respecto al presunto delito de colusión agravada, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación en esa etapa del proceso.
Sin embargo, el proceso judicial no concluye con estos pedidos. El Ministerio Público mantiene vigente la investigación contra el exgobernador por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada, imputación que continuará su trámite en las siguientes fases del proceso penal.
La nueva solicitud de sobreseimiento refleja la importancia de que las investigaciones penales se sustenten en pruebas suficientes para mantener una acusación ante el Poder Judicial. El archivo de determinados delitos no implica necesariamente la absolución total del investigado, ya que otros cargos pueden continuar su curso conforme a la evidencia disponible. En este caso, corresponde al juez evaluar los fundamentos presentados por la Fiscalía y escuchar a todas las partes antes de adoptar una decisión. Al mismo tiempo, el proceso mantiene relevancia pública debido a que Vladimir Cerrón continúa siendo investigado por otro delito y permanece con condición de prófugo, lo que mantiene el caso en el centro del debate político y judicial.