03 diciembre 2025.-
La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de ley que busca otorgar una amnistía total al expresidente Pedro Castillo, recientemente condenado por conspiración para la rebelión a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La propuesta plantea eliminar la acción penal, la pena impuesta y cualquier antecedente vinculado al proceso seguido contra el exmandatario.
El documento sostiene que Castillo habría sido “sentenciado de manera injusta” y que su destitución se produjo mediante un procedimiento “irregular” que vulneró su derecho a la defensa. Palacios acusa al Congreso de haber ejecutado una vacancia sin los requisitos formales y critica al Ministerio Público, señalando que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, impulsó denuncias sin sustento para facilitar su salida del cargo.
La congresista incluso sugiere que Castillo habría sido inducido a leer el mensaje del 7 de diciembre y que su detención fue arbitraria, ya que se concretó cuando aún ejercía la Presidencia y sin una orden debidamente sustentada.
La iniciativa se presenta pese a la reciente sentencia de la Corte Suprema, que impuso al exmandatario más de 11 años de prisión y dos años de inhabilitación por su intento de quebrar el orden constitucional.
Paralelamente, el congresista Guido Bellido busca que el Pleno reactive un proyecto archivado que pretende otorgar amnistía a todos los implicados en la elaboración o lectura del mensaje del 7 de diciembre. La propuesta también ordenaría archivar investigaciones en curso, bajo el argumento de que ello contribuiría a reducir la confrontación política y fortalecer la estabilidad nacional.
La propuesta reabre el debate sobre los límites del poder legislativo y su interferencia en decisiones judiciales. Si bien la amnistía es una herramienta constitucional, su uso en favor de un expresidente condenado por atentar contra el orden democrático plantea serios cuestionamientos éticos e institucionales.
El proyecto de Palacios no solo desconoce una sentencia firme de la Corte Suprema, sino que intenta reescribir los hechos del 7 de diciembre como un acto inducido más que como un quiebre constitucional. Además, buscar la anulación generalizada de procesos en curso mediante otra amnistía promueve un mensaje peligroso: la impunidad como salida política.
En un contexto de desconfianza ciudadana hacia el Congreso, iniciativas como estas profundizan la percepción de que el poder legislativo actúa con motivaciones más ideológicas que institucionales.
