07/05/26.-
La Defensoría del Pueblo descartó la existencia de un fraude electoral tras culminar la supervisión de las elecciones generales 2026, aunque reconoció una serie de irregularidades que comprometen el desempeño de organismos clave del sistema electoral. El informe, presentado por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sostiene que no se hallaron pruebas contundentes que respalden las denuncias de manipulación de resultados; sin embargo, sí se detectaron fallas operativas y presuntas omisiones por parte de entidades como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones.
Durante una conferencia de prensa, Gutiérrez afirmó que las acusaciones de fraude carecen de sustento técnico y legal, aunque admitió que los hechos ocurridos durante la primera vuelta han generado un fuerte desgaste en la credibilidad del sistema electoral. En ese sentido, advirtió que el principal desafío de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio será recuperar la confianza ciudadana, severamente golpeada por cuestionamientos sobre la organización y fiscalización del proceso.
Entre las observaciones más críticas figura el retraso en la instalación de mesas de sufragio, situación que afectó el desarrollo normal de la jornada electoral en distintas regiones del país. Frente a ello, la Defensoría propuso al Congreso modificar el artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones para restringir el horario de instalación entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, buscando reducir el margen de desorden e improvisación.
Otra de las recomendaciones apunta a impedir que se habiliten locales de votación en espacios considerados inadecuados, como parques, losas deportivas o cocheras. Para ello, se pidió aprobar el proyecto de ley 14251/2025, iniciativa que busca elevar las condiciones mínimas de infraestructura para los comicios.
El informe también cuestiona la tercerización del transporte de material electoral, uno de los aspectos más polémicos de la primera vuelta. Ante ello, la Defensoría sugirió que las labores de despliegue y repliegue sean asumidas directamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el argumento de reforzar la seguridad y evitar nuevos cuestionamientos sobre la cadena de custodia del material electoral.
Asimismo, se recomendó incrementar la presencia militar en los locales de votación para prevenir posibles actos de violencia o amenazas contra miembros de mesa, en un contexto marcado por la polarización política y la creciente desconfianza pública.
Respecto al JNE, el organismo defensor solicitó abrir investigaciones internas para determinar responsabilidades entre funcionarios que habrían incumplido labores de fiscalización sobre las actividades de la ONPE. También consideró necesario contratar fiscalizadores con mayor anticipación, con el fin de garantizar una capacitación adecuada antes de la segunda vuelta.
En relación con la ONPE, la Defensoría planteó que el material electoral sea distribuido en su totalidad hasta las 11:59 de la noche del viernes previo a la elección, buscando evitar retrasos logísticos que afecten la apertura de mesas.
Finalmente, el informe propone establecer nuevos criterios para la selección de miembros de mesa, priorizando ciudadanos entre 18 y 50 años, además de acelerar la identificación de funcionarios involucrados en las irregularidades registradas el pasado 12 de abril. También insistió en fortalecer una coordinación “transparente, activa y oportuna” entre la ONPE y el JNE.
Aunque la Defensoría descarta un fraude, el reconocimiento de múltiples irregularidades deja en evidencia serias debilidades estructurales dentro del sistema electoral peruano. El mensaje institucional intenta equilibrar dos escenarios complejos: frenar las denuncias sin pruebas y, al mismo tiempo, admitir errores que alimentaron la percepción de desorden e improvisación.
El problema de fondo no parece estar únicamente en la transparencia de los resultados, sino en la capacidad del sistema para transmitir confianza. La admisión de fallas logísticas, deficiencias de fiscalización y cuestionamientos sobre la cadena de custodia del material electoral refuerza la idea de que las autoridades electorales llegan debilitadas a una segunda vuelta marcada por la polarización política.
Si bien no existen evidencias de manipulación electoral, el deterioro de la credibilidad pública representa un riesgo político importante. En un escenario donde la ciudadanía exige mayor transparencia, las recomendaciones planteadas por la Defensoría revelan que el sistema necesita correcciones urgentes para evitar que futuras irregularidades vuelvan a convertirse en combustible para discursos de fraude y desinformación.